Stop Desahucios Gipuzkoa ha rechazado la orden del Gobierno Vasco para desalojar a una mujer, afectada por una discapacidad del 83% a la que ha pedido que no deje la vivienda hasta que el Gobierno Vasco le adjudique otra.
Un grupo de personas, entre las que figuraban representantes en el Ayuntamiento de Donostia y en Juntas Generales de Gipuzkoa de EH Bildu e IU, se han concentrado frente a la sede del Gobierno Vasco en la capital guipuzcoana para mostrar su rechazo a la orden.
Según ha explicado la portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa, Rosa García, el Gobierno Vasco ha argumentado que la mujer supera los topes económicos establecidos en la Ley vasca de Vivienda de 2015 para obtener por derecho subjetivo una vivienda, cuyos contratos son de cinco años improrrogables.
Los márgenes están establecidos en 9.000, 12.000 y 15.000 euros brutos anuales para unidades familiares de uno, dos o más miembros, unas cuantías que Stop Desahucios considera "obsoletas".
La orden de desalojo, que también afectará a "otras familias vulnerables" que viven en Alojamientos Dotaciones Adaptados de Eibar y Hernani, estaba prevista para el pasado 28 de febrero, ha señalado Stop Desahucios, que ha pedido a todos ellos que sigan pagando la cuota y no dejen los pisos en los que viven hasta que el Gobierno Vasco no les facilite otra.
Tras la concentración, la asociación ha entregado un escrito dirigido al consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, en el que critica los argumentos utilizados para los desalojos de "personas vulnerables, provenientes de las listas de Etxebide y con probadas necesidades de vivienda", ha indicado García.
Asimismo piden actualizar los topes económicos para que sean acordes con el Salario Mínimo Interprofesional que se sitúa en 14.000 euros anuales.
El origen de estos alojamientos era ayudar a la emancipación de jóvenes menores de 30 años aunque posteriormente, "debido a la escasez de vivienda social se han adjudicado también a jubilados y familias con hijos menores", señala la asociación.
Stop Desahucios ha denunciado la situación de estas familias cuyos ingresos les impiden acceder a una vivienda libre debido a los precios "especulativos" del alquiler que atribuye a "la desidia del Gobierno Vasco".
