Euskadi mantiene una decidida apuesta por el cumplimiento de condenas en medio abiertocondenas en medio abierto, lectura que comparte el Gobierno Vasco con los órganos judiciales. El objetivo es evitar en la medida de lo posible el ingreso en prisión, aplicando para ello en los delitos menos graves procesos de inclusión y penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC), que durante el último año han cumplido en Gipuzkoa un total de 2.427 personas.

Se trata de una cifra elevada teniendo en cuenta la población del territorio, lo que demuestra el trabajo en favor de la justicia restaurativa, siempre en la búsqueda de alternativas a la resolución del conflicto del delito. “Estamos llevando a cabo muchísimas medidas de este tipo. Hacerlo exige valorar las circunstancias de cada persona para que se le facilite la posibilidad de realizar un trabajo que sea útil para la sociedad. Es una forma de devolver aquello que con el delito ha roto”, explica Heraclio Varona, coordinador del Servicio Vasco de Gestión de Penas, encargado de hacer el seguimiento de cada caso.

Este órgano, dependiente de la Dirección de Justicia, recibe todas las ejecutorias penales en la que se imponen condenas diferentes al ingreso en prisión. Actualmente hay en Euskadi 12.000 personas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad. Algunas de las tareas más comunes son labores de mantenimiento y limpieza, actividades de administración, jardinería y cuidado de mayores y personas dependientes.

El abanico es muy amplio. También puede incluir el acompañamiento a personas que sufren determinadas lesiones, la colaboración en comedores sociales y actividades culturales, la participación en programas de educación vial o primeros auxilios, y el apoyo a enfermos terminales o reparto de alimentos y ropa, entre otros trabajos.

HOMBRES DE ENTRE 31 Y 50 AÑOS

Ocho de cada diez personas condenadas son hombres de entre 31 y 50 años. La mayor parte procede de Bizkaia -60%-, y el resto se reparte a partes iguales entre Gipuzkoa y Araba. Entre los delitos más comunes se encuentran los relacionados con la seguridad vial -el 30% de las ejecutorias-, y con la violencia de género, el 20% de los casos.

Varona incide en que hacen falta más plazas para dar cumplimiento a las medidas, ya que Euskadi sigue acusando las secuelas de la crisis sanitaria de los dos últimos años. “Los espacios comunitarios a los cuales derivábamos a personas se han visto afectados por las restricciones, por lo que ha resultado imposible hacer las derivaciones, quedando un porcentaje muy alto a desarrollar a lo largo del siguiente ejercicio”, lamenta.

Para dar cauce a este problema, el Gobierno Vasco y Eudel acaban de firmar un acuerdo de tal modo que los ayuntamientos vascos oferten, de forma voluntaria, plazas para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Este convenio pretende afianzar el modelo de actuación. “Las ayuntamientos son unos aliados necesarios. Es importante que las personas cumplan estas medidas en su propio municipio, y que muestren su responsabilidad con el entorno más cercano. Eso es lo que hace que estas medidas sean potencialmente más eficaces”, reflexiona el coordinador del Servicio Vasco de Gestión de Penas.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, y el presidente de Eudel y alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, comparten la necesidad de reforzar la alianza. Así lo han puesto de manifiesto con la firma del acuerdo. “Este convenio nos convierte en cómplices de ese modelo penitenciario vasco con penas y medidas alternativas que propicien valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común. Démosles esa oportunidad para resarcir a la sociedad tras haberla fallado”, ha señalado Artolazabal.

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD: MENOS REINCIDENCIA

Más aún teniendo en cuenta, añade Varona, que incrementando el régimen de semilibertad disminuyen los índices de reincidencia. Así, el compromiso del Gobierno Vasco es hacerse cargo de la cobertura de contingencias que corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social, así como la “gestión, coordinación y seguimiento de la pena mediante contactos con los responsables del trabajo del Ayuntamiento o Mancomunidad”, tal y como se recoge en el acuerdo.

Las entidades locales, por su parte, deben reservar plazas para el cumplimiento de las penas, aportando los conocimientos y la preparación necesaria para que se pueda realizar el trabajo de manera eficaz. “Nos hacen falta más espacios, aunque es muy difícil determinar un número exacto, ya que cada persona necesita un plan individualizado a su medida”, reconoce Varona.

En todo caso, este tipo de resolución de conflictos “es muy valioso, tanto desde el punto de vista de la inserción de la persona que ha cometido el delito, así como desde el punto de vista comunitario”.

La idea es que este tipo de labores estén relacionadas con la infracción cometida. Así, la alternativa para quien haya cometido un delito relacionado con el tráfico puede ser la realización de talleres de seguridad vial o el trabajo con personas que hayan sufrido un siniestro. “La variedad de actividades es enorme, de ahí que sea tan importante la implicación del tercer sector”, incide el coordinador del Servicio Vasco de Gestión de Penas.

Además de los ayuntamientos vascos, numerosas entidades sociales, deportivas y culturales están involucradas en esta propuesta. Entre ellas figuran la Asociación Cultural Brasil-Euskadi, el centro de acogida de Deusto, Lagun Artean, o el proyecto de reciclaje de ropa Oldberri, por iniciativa de Cáritas Gipuzkoa.