- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó ayer que el consejo de ninistros no ha valorado todavía el nuevo permiso de siete días retribuidos para cuidado de familiares que presentó el jueves la ministra Ione Belarra, por lo que ha declinado pronunciarse sobre el mismo. En un desayuno empresarial en la capital navarra convocado tras una reunión prevista a primera hora con el alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, que finalmente no se celebró, Escrivá defendió un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible.
Y para conseguir ambos objetivos el Gobierno de España llegó con “una agenda reformista muy ambiciosa” que después se ha visto afectada por la pandemia, a pesar de lo cual se han firmado seis acuerdos con empresarios y sindicatos que han dado a las partes “experiencia” y “confianza”. Así, con “el énfasis en el esquema de protección de trabajadores y autónomos, lo que ha supuesto un esfuerzo fiscal considerable” pero “muy bien invertido”, ha defendido el “consenso” en la reforma de las pensiones y la laboral porque “generan una dinámica muy positiva”.
En el caso de la reforma laboral justificó la necesidad de actuar ante “una tasa de paro persistente” y “superior en 4 ó 5 puntos a la media de la UE”, además de tener “enormes oscilaciones”, con tasas de desempleo en ocasiones por encima del 20%, lo que genera “efectos indeseables”, a lo que ha sumado un índice de temporalidad “muy superior” también al del entorno europeo.
Escrivá aludió además a la experiencia acumulada sobre el papel que han desempeñado los ERTE en la pandemia para la protección de los trabajadores y una recuperación del empleo más rápida, una figura que la reforma laboral mantiene con tres modalidades: de empresa, sectoriales y para una perturbación sistémica como la pandemia.
En ese sentido, aseveró que los objetivos de la reforma laboral son reducir las altas tasas de temporalidad y de precariedad laboral, que conduce a la salarial y con ella a un aumento de la desigualdad, por lo que consideró el SMI un mecanismo importante para la redistribución de rentas.
El ministro destacó asimismo que la reforma laboral pretende fomentar la formación de los trabajadores para mejorar la calidad del empleo y rebajar un uso desproporcionado del despido como herramienta de ajuste. “Al final de lo que se trata es de tener mejores trabajos con mejores salarios, más productivos” y “con mecanismos de flexibilidad alternativos a los que se han utilizado”, lo que se traduce en una reforma laboral “muy sustantiva”, dijo.
Del mismo modo valoró la reforma de las pensiones aprobada para “traer certidumbres y eliminar inquietudes” cuando las pensiones “habían perdido un 30% de su poder adquisitivo”, una pérdida “extraordinaria” que solo se justifica por un problema de sostenibilidad “que no existe”, afirmó.
De ahí que el reto haya sido, ha comentado, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, la equidad y la sostenibilidad del sistema público y para eso se ha utilizado la referencia de la inflación media del año anterior, salvo en las no contributivas que suben algo más, y se liberará a la Seguridad Social de los “gastos impropios” que hasta ahora asumía, en total 22.000 millones de euros, lo que sanea las cuentas del “fondo de reserva” y permitirá “eliminar el déficit”.
Acuerdo. Entidades sociales, sindicatos, organismos públicos y partidos como PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Más País constituyeron ayer una mesa para impulsar un pacto social contra los discursos de odio dirigidos a los colectivos vulnerables. Con la participación de representantes de los partidos políticos, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), creadora de la mesa, explicó que su fin es el impulso de un pacto de Estado que combata estos discursos.
