Tras el varapalo judicial que ha sufrido el Gobierno vasco tras el "no" del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al uso del pasaporte covid en restaurantes y ocio nocturno, Lakua ha mostrado este lunes su sorpresa e incomprensión por la decisión de los jueces. Y es que defiende que "a Euskadi se le limita la posibilidad de adoptar medidas preventivas necesarias para frenar el desarrollo de la pandemia".

Además, ha anunciado que no recurrirá el auto: "Lo que verdaderamente es urgente sigue siendo establecer medidas que sirvan para controlar la extensión de la pandemia".

Así, en una nota hecha pública este lunes, el Ejecutivo vasco ha defendido que el uso del pasaporte covid pretendía "poner en evidencia el riesgo que la extensión de la pandemia supone y proponer las medidas necesarias para su contención".

Por otro lado, respecto a los derechos que el TSJPV asegura que vulneraría la obligatoriedad del pasaporte covid, como los de igualdad, reunión o intimidad, entre otros, Lakua defiende que "cualquier persona vacunada, o cualquiera que sin estarlo disponga de una prueba PCR negativa reciente tiene garantizados esos derechos".

Aplicación de medidas de forma uniforme

Asimismo, otro de los motivos que han esgrimido los jueces para rechazar el uso del pase sanitario es que esta medida no debería aplicarse de manera uniforme a toda Euskadi, debido a las diferentes cifras de contagios que hay en los territorios y municipios. Sin embargo, el Gobierno vasco defiende que " en una comunidad con alta densidad de población y con un alto grado de movilidad como la de Euskadi, la naturaleza de las medidas propuestas debe aplicarse de manera uniforme para que sean efectivas".

En lo que a la creciente presión hospitalaria se refiere, Lakua admite que la situación no es grave como en otras ocasiones, y es ese el motivo que da para haber pedido implantar el pasaporte covid: "Lo que se trata de evitar es que aumente esa presión pudiendo llegar a comprometer el sistema".

Alta vacunación

Con respecto a la vacunación, el Tribunal recuerda que, con un 90% de población diana vacunada, las consecuencias para la salud se han visto, efectivamente, reducidas en intensidad y peligro. Sin embargo, el Ejecutivo vasco "había previsto esas medidas, precisamente, para evitar que el 10% no condicione al 90% de la población".

Por último, Lakua ha subrayado que "tampoco encuentra sentido a que no se deba exigir certificado covid en determinados establecimientos sólo porque al personal o a los menores de 12 años no se les pueda exigir tal documento".