Ana María Domingos está que no cabe en sí de gozo. Esta semana ha recibido una de las noticias más esperadas desde que llegó a Donostia desde su Angola natal hace dos años. “Creo que por fin voy a poder combinar mis estudios con un trabajo”, dice la joven de 19 años pocas horas después de conocer la letra pequeña de la reforma del Reglamento de Extranjería.

“No te imaginas mi felicidad”, confiesa esta estudiante de Administración y Finanzas, que pasó por el centro de acogida de Uba en su llegada a Gipuzkoa y vive ahora en un piso foral de emancipación en Errenteria junto con tres compañeras.

La reforma del Reglamento de Extranjería ha llegado en un momento en el que prácticamente había arrojado la toalla. “Vivía estresada por buscar algo imposible. Solo en una ocasión me ofrecieron un contrato pero sin Seguridad Social, y así no se puede plantear un proyecto de vida”.

Ana María no tiene permiso de residencia. Denegaron su solicitud de renovación porque no cumplía los requisitos tras unos complicados trámites que comenzaron casi desde su llegada a Donostia. Entre las exigencias, conseguir un contrato de trabajo y demostrar unos ingresos de 2.000 euros, un salario imposible para cualquier joven, sea español o extranjero.

LA LLAMADA DE JON

“El jueves me llamó mi educador. Estuvimos valorando la nueva situación y por fin creo que voy a poder tener el permiso”, revela, radiante, la joven. Jon Mendiola le acompaña casi a diario. Es su educador referente dentro del programa “Gazteon Sarelan” de apoyo para la transición a la vida adulta de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Ana María vive con otras tres chicas en un piso de emancipación de Errenteria. Van dando pasos, pero su proyecto de vida siempre ha estado condicionado por toda suerte de trabas burocráticas. Una de las grandes diferencias a partir de ahora es que con la reforma del Reglamento de Extranjería se valorarán los informes de las entidades que acrediten que los jóvenes estén dentro de programas de integración social y laboral.

“Ellas van asumiendo sus responsabilidades, sus tareas del día a día y nosotros como educadores le estamos acompañando con las necesidades”, explica su educador. Por lo general, permanecen entre dos y tres años en estos pisos de apoyo para la transición a la vida adulta de jóvenes con situaciones de dificultad personal, familiar y social.

“El objetivo es independizarse con sus propios recursos mediante un trabajo. El problema ahora mismo es que Ana no puede acceder a ningún trabajo porque no tiene permiso de residencia. Hasta ahora la única posibilidad para ella era cumplir los tres años de estancia para conseguir el arraigo y ser contratada por un empresario que confiara en ella ofertándole un año de trabajo”. Hay quien lo consigue después de un periodo de prácticas, pero asegura Mendiola que no suele ser lo más habitual.

CON RESIDENCIA SIN TRABAJO

Aunque ahora es mayor de edad, Ana María salió de su país con 16 años. En base al anterior reglamento, los menores extranjeros no acompañados mayores de 16 años obtenían un permiso de residencia que no les permitía trabajar. Esta situación era discriminatoria con respecto a los adolescentes españoles y los adolescentes inmigrantes que están acompañados de sus familiares, quienes sí tienen acceso al mercado laboral.

Esta situación provocaba que chavales inmigrantes que realizaban sus prácticas de formación en empresas no pudiesen ser contratados, lo que disminuía sus oportunidades para salir adelante una vez alcanzada la mayoría de edad y los empujaba a la exclusión. “Todo eso parece que ahora cambia. Espero que todo vaya bien y que dure mucho tiempo esa ley”, sonríe Domingos, que aprovecha un momento de descanso entre clases para hablar con este periódico.

Con el nuevo reglamento, las autorizaciones de residencia para menores a partir de 16 años de edad llevarán aparejadas siempre el permiso para trabajar al igual que tienen reconocido los jóvenes españoles a partir de esa edad. De esa manera se pone fin al sinsentido de tener miles de jóvenes indocumentados o con un permiso para vivir en el Estado pero que no les permite trabajar.