Son dos los escenarios que la Xunta maneja después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dejase sin vigor el jueves la obligación del pasaporte covid para acceder al interior de la hostelería y son el regreso de ese documento formal o el retorno de los aforos anteriores a su uso.
El cronómetro se puso en marcha el viernes cuando los servicios jurídicos del Gobierno gallego solicitaron al órgano judicial el aval preceptivo bajo el amparo del fundamento sanitario, de la supremacía del interés general en lo que a la protección de la salud pública se refiere.
El compás de espera tiene fechas, pues si los tres magistrados que han iniciado la deliberación aceptan la exhibición de esa documentación para cafeterías, bares y restaurantes de ayuntamientos en nivel máximo y alto de restricciones, así como en locales de ocio nocturno de zonas con niveles medio y medio bajo, todo quedará como estaba en la orden del 22 de julio.
Si, por el contrario, la respuesta va en la línea de Andalucía, Cantabria y Canarias, donde la justicia ha desautorizado esa medida, entrará en vigor a las 00:00 horas del martes un plan alternativo con recetas ya conocidas, dado que se trataría del retorno de las capacidades totales previas a la utilización de estos comprobantes.
El supuesto más desfavorable de este hipotético escenario "b", en la recámara y recogido en el Diario Oficial, sería, en lugar de trabajar al 30%, el cierre del sector en los municipios que se encuentren en la peor de las situaciones por sus malos datos epidemiológicos, en la actualidad solamente O Grove (Pontevedra).
En el siguiente escalón, el alto, donde son 54 los núcleos, entre ellos las ciudades de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra y Lugo, se pasaría de un aforo en interiores del 50% con certificado covid, de nuevo al 30% sin él.
En lo tocante al ocio nocturno, el tope en el interior de los niveles medio (69 localidades) y medio bajo (189) evolucionaría igualmente del 50%, -con la exigencia en puerta de la comprobación de estar vacunado, de haber pasado la enfermedad o bien de una prueba negativa-; al 30%, el que existía.
El Ejecutivo gallego dice que está esperando la resolución del alto tribunal "siendo respetuosos con su criterio" de que los certificados dejen de ser exigibles para el control de la transmisión en los interiores de la hostelería y del ocio nocturno, en función del nivel del ayuntamiento en cuestión, una vez que se anuló la obligación implantada sin la autorización vinculante, según alegó el mencionado órgano judicial.
Con todo, en una nota remitida a la prensa, la Xunta sostiene que "en su defecto" ha resultado necesaria la elaboración de una serie de medidas alternativas para seguir tratando de mantener a raya el virus responsable de la crisis sanitaria y que implican necesariamente una revisión de los aforos, previamente ampliados en base al uso del certificado covid.
De todas maneras, "buscando no causar un mal mayor ni al sector ni sobre todo a la población que conocía y manejaba unas normas" que pueden cambiar, se determinó un "tiempo razonable" para la correcta difusión y conocimiento, en caso de que la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia al final no ratifique el lunes lo que se venía haciendo hasta ahora.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confía en que la solución ideada, con revisión del comité clínico asesor en la gestión de la pandemia por si fuesen necesarios ajustes, no tenga que ser instaurada al entender que la mayoría de países de la Unión Europea recurren a un certificado covid que, a su juicio, no puede servir únicamente para moverse en viajes en avión.
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha dicho, a su vez, que "cuanto menos ruido hagamos, mejor"; y en una situación así hay ruido político.
A la espera del veredicto, la Fiscalía Superior, en el informe preceptivo solicitado por el tribunal y facilitado a los medios de comunicación, da su respaldo al certificado covid al considerar que no condiciona de forma grave el derecho a la intimidad personal y que tampoco vulnera el principio de igualdad.
Sobre este aspecto, sabiendo que no han sido vacunadas todas las franjas, entiende el Ministerio Público que afecta a un porcentaje de personas muy inferior a aquellas que se pueden ver beneficiadas.
La Fiscalía sí entiende necesario que haya un aval, una garantía, un pronunciamiento por tanto del Tribunal Superior de Justicia gallego.
