El joven de 18 años acusado de violar a una menor de 17, aquejada de una discapacidad, en una casa ocupada del centro de Donostia en agosto de 2019 se enfrenta a una petición de trece años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa.

Esta agresión sexual tuvo un gran impacto en Donostia y fue condenada "rotundamente" por la Diputación de Gipuzkoa que hizo un llamamiento a la ciudadanía a "movilizarse para acabar con la violencia a las mujeres", mientras que el Ayuntamiento donostiarra convocó una concentración silenciosa, encabezada por el alcalde, Eneko Goia, quien pidió "desterrar las agresiones sexistas" de la ciudad. En esta protesta, Goia también expresó su deseo de que en "el plazo más corto posible" hubiera una orden judicial para el desalojo del inmueble, ubicado en la calle Moraza y que, según los vecinos del entorno, generaba una situación de gran inseguridad.

De hecho, tan sólo dos meses antes tres personas habían sido detenidas y seis ertzainas resultaron heridos en los incidentes registrados en este mismo edificio, con un largo historial de episodios de ocupación, cuando los agentes acudieron a identificar a las personas que habían vuelto a colarse en su interior.

Finalmente, catorce días después de la presunta violación, el controvertido edificio fue desalojado por la Policía Municipal en colaboración con la Ertzaintza, en una operación que se saldó con una persona detenida por resistencia a la autoridad y la salida de 32 okupas del interior del inmueble.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los presunta violación se produjo la madrugada del 5 de agosto de 2019, después de que el inculpado, de nacionalidad marroquí, hubiera conducido a la víctima agarrada por el brazo y "contra su voluntad" a la casa ocupada, tras haber estado con ella en el centro cultural Tabakalera.

Una vez en el edificio, el acusado presuntamente manifestó a la chica, "que padece un grado de discapacidad del 37%", que "quería mantener relaciones sexuales con ella", al tiempo que cerró con llave el candado de la puerta de la estancia en la que se encontraban a pesar de que la víctima le dijo que "no quería". El documento del Ministerio Público insiste en que, pese a que la chica le reiteró que no deseaba "mantener relaciones sexuales", el procesado presuntamente la violó y llevó a cabo distintos actos de índole sexual con ella "pese a la oposición" de la menor, quien gritó que "no quería estar allí", mientras su supuesto agresor presuntamente "la agarraba por los hombros impidiendo que se moviera".

Posteriormente, el encausado, que se encuentra en prisión provisional por este incidente, presuntamente volvió a repetir con ella unos hechos similares en otra habitación del inmueble, tras lo que la chica "intentó salir de la casa" sin lograrlo porque el hombre "se lo impidió", hasta que finalmente se lo permitió ya por la mañana.

El documento de la Fiscalía aclara que el grado de discapacidad que padece la menor la hace "especialmente vulnerable a determinadas conductas de terceros" y "limita su capacidad para determinar su conducta sexual con libertad".

El Ministerio Público considera que estos hechos, que serán juzgados próximamente en Donostia, son constitutivos de un delito de violación por el que reclama trece años y medio de cárcel para el procesado, si bien solicita que tras el cumplimiento de un mínimo de nueve años sea expulsado de nuestro país durante diez años.

Asimismo, demanda que el hombre no pueda acercarse a su víctima ni comunicarse con ella durante veinte años, que la compense con 20.000 euros por los daños sufridos y que, tras ser excarcelado, continúe en situación de libertad vigilada por un período de diez años.