- Una mujer será juzgada próximamente en la Audiencia de Gipuzkoa acusada de estafar a una pareja “con capacidad intelectual límite” y “escasa escolarización”, a la que presuntamente colocó al borde del desahucio con sus dos hijos pequeños tras “embaucarles” para que hipotecaran sus bienes con el fin de quedarse el dinero.
Según el escrito de acusación, la procesada se habría aprovechado de que el matrimonio “carece de las aptitudes necesarias para una adecuada comprensión de actos administrativos y jurídicos” de una “mínima complejidad” para presuntamente quedarse con el dinero de los préstamos, así como con el caserío familiar de Altzo, en una estafa que alcanzaría una suma total superior a los 730.000 euros.
De esta manera, la inculpada supuestamente les “embaucó” para que, en tan sólo seis meses, entre abril y octubre de 2007, solicitaran hasta seis préstamos hipotecarios a diferentes prestamistas tanto sobre este inmueble, propiedad del marido, como sobre un segundo caserío, heredado por la mujer en Astigarraga, y del que la familia estuvo a punto de ser desahuciada.
El Ministerio Público aclara que la procesada habría actuado con la intención de “quedarse para sí el dinero recibido” por los préstamos y diciendo a sus víctimas que se lo devolvería “con ganancias”, mientras ella se enriquecía “ilícitamente” ya que nunca les devolvió “nada”.
“Las diversas operaciones de crédito -aclara el documento- se realizaron en condiciones muy perjudiciales en cuanto a los plazos de devolución y por importes muy superiores a su disposición de liquidez, con el fin de abocarles a una situación de fragilidad tal que determinase quedar a merced de los acreedores y, en última instancia, de lo que la acusada les indicase”.
La Fiscalía explica que la mujer llevó a sus víctimas “a un nivel de endeudamiento” al “límite de la insolvencia”, mientras “en paralelo” se reducía el valor de sus bienes, gravados por las hipotecas.
Después, “valiéndose de la situación de debilidad económica en la que los había situado”, presuntamente les “exigió la entrega” de los ingresos que percibían por su trabajo, así como “la transmisión de los inmuebles que no habían sido gravados”.
