- Un juez de Vielha (Lleida) investiga a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y a otros dos cargos de la agencia estatal por la falta de medidas preventivas en una expedición al Val d'Aran en marzo de 2018, en la que dos personas, entre ellas el montañero guipuzcoano Unai Pérez de Arenaza, murieron por un alud, y otra persona, el también guipuzcoano Roberto Sánchez, resultó herido grave.

La presidenta y quienes entonces eran responsables de riesgos laborales y recursos humanos del CSIC han sido citados a declarar el próximo 27 de mayo por orden de la Audiencia de Lleida ante las "sospechas" de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores, según el auto.

El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC fueron arrastrados por un alud en la Vall de Conangles que les precipitó por una roca vertical de alrededor de 90 metros de altura.

El accidente provocó el fallecimiento del montañero Unai Pérez de Arenaza, de 43 años y natural de Bergara, y del salmantino Gaspar Giner Abati, mientras que resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte, que fue trasladado por los servicios de emergencia al Hospital de Bellvitge, en Barcelona.

La zona donde se produjo el fatal accidente se encontraba en nivel tres de cinco por riesgo de aludes, ya que las intensas nevadas de los días anteriores habían venido acompañadas de fuertes episodios de viento que desplazaban la nieve por el lugar. Este cúmulo de circunstancias provocó el citado alud en el que falleció el montañero guipuzcoano. Al lugar acudieron un total de quince efectivos de los bomberos de Aran y el grupo de actuaciones especiales de la Generalitat, encontrando a tres personas sepultadas por la avalancha. No pudieron hacer nada por las vidas de Unai Pérez de Arenaza y Gaspar Giner Abati, mientras que lograron rescatar con vida a Roberto Sánchez.

Unai Pérez de Arenaza era una persona muy conocida en su Bergara natal, donde empezó a desarrollar su pasión por la montaña. De hecho, trabajaba como guía profesional de montaña y residía desde hacía años en Vall de Boí (Lleida) con su pareja y sus dos hijos. Durante su vida ascendió diversos macizos por todo el mundo y en 2004 abrió una nueva vía para ascender el Shisha Pangma, uno de los catorce ochomiles. El montañero de Bergara, que tenía 43 años cuando perdió la vida, conocía perfectamente la zona donde se produjo el accidente, pero él y sus compañeros no pudieron evitar el alud.

Los familiares de los fallecidos se han constituido como acusación particular en la causa penal abierta por el accidente y han pedido la imputación de la cúpula del CSIC porque consideran que la expedición, cuyos miembros iban equipados con material proporcionado por la empresa científica, se llevó a cabo sin las adecuadas medidas de prevención.

De hecho, tras el accidente mortal, el CSIC presentó ante la Inspección de Trabajo un plan de riesgos laborales que consta como aprobado en abril de 2018, es decir, varios días después de la fatídica expedición al lago Redon.

Las familias de los dos fallecidos lograron ya una primera victoria cuando el pasado mes de diciembre el juzgado de lo social número 1 de Lleida concluyó que la prestación de servicios que hicieron al CSIC era "de naturaleza laboral".

Esta sentencia sostiene que el CSIC contrató a Roberto Sánchez como técnico superior con un contrato temporal de obra para participar en las expediciones que debían recoger muestras del lago Redon, en las que normalmente iba acompañado de dos personas externas al CSIC, habitualmente guías de montaña, que solían ser reclutados "de manera improvisada" poco antes de la salida, según la sentencia, que detalla que se pagaban unos 100 euros diarios por la actividad de acompañamiento en el ascenso y descenso al lago.

En la citada expedición del 22 de marzo de 2018, el jefe del proyecto no pudo participar porque tenía una luxación en el brazo y tampoco el montañero que habitualmente le acompañaba, por lo que fichó a los dos acompañantes que acabaron falleciendo.

Según la juez, desde el CSIC "no se realizó ningún trámite administrativo" para contratar a los fallecidos, ni se informó de ello a la gerencia, y tampoco se les pidió titulación o póliza de seguro ni el justificante de estar dados de alta como autónomos.