DONOSTIA - Los grupos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa han denunciado la "irresponsabilidad" de la Diputación en la gestión de los peajes y su "empecinamiento" en mantener el cobro a los vehículos pesados pese a las "consecuencias" que, en su opinión, ello podría acarrear.
En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz del PP en la cámara foral, Juan Carlos Cano, que califica de "error" el "empecinamiento" de la Diputación por "mantener una norma que choca con la realidad jurídica y está provocando continuas derrotas judiciales".
Los representantes de EH Bildu Juan Karlos Izagirre y Estitxu Elduaien han asegurado este viernes en una rueda de prensa en Donostia que "la Diputación de Gipuzkoa lleva 35 millones cobrados ilegalmente con peajes" a camiones en las carreteras N-I y A-15.
EH Bildu ha denunciado la "irresponsabilidad, improvisación e imposición" con la que ha actuado la institución foral y le ha pedido que, "además de suspender el cobro y preparar el plan de devolución del dinero, permita un debate con todos los sectores implicados para solucionar el problema de las infraestructuras viarias".
"Chapuza, arrogancia y mala gestión" han sido algunos de los términos utilizados por Izagirre, quien ha criticado la postura de la Diputación que ultima un nuevo decreto foral-norma para seguir cobrando los peajes sin tener en cuenta, ha dicho, las "enmiendas y aportaciones" de la oposición.
El grupo de Elkarrekin Gipiuzkoa, por su parte, también ha tachado de "irresponsable" la gestión de los peajes por parte de la Diputación y ha opinado que en las actuales circunstancias lo "lógico" sería suspender su cobro.
La portavoz de Elkarrekin Gipuzkoa, Arantza González, ha considerado del "todo incomprensible el empecinamiento del gobierno foral en mantener los peajes, cuando por precaución lo lógico sería -ha dicho- suspenderlo y no tener que enfrentarse a la devolución de varios millones de euros".
En su opinión, "el anuncio de la Diputación de seguir adelante con un decreto foral norma urgente, y la elaboración de otra norma foral para sustituir a las dos anteriores ya anuladas, sin tener seguridad jurídica suficiente, puede suponer un grave perjuicio económico a las arcas forales".
Los dos grupos de la oposición han pedido la comparecencia en las Juntas Generales de la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, para que ofrezca explicaciones al respecto.
Por su parte, Juan Carlos Cano, ha dicho que "no basta con creer que se tiene la razón", sino que "hay que empatizar y acomodarse a la verdad judicial".
"No cuestionamos el fondo, que no es otro que el pago por uso de la red de alta capacidad, tal y como defiende la Comisión Europea", advierte el juntero del PP, que dice a la Diputación que "así no se defienden los intereses de los guipuzcoanos", pues "lo que está haciendo es generar inseguridad jurídica y propiciar una judicialización reiterada de la política".
