DONOSTIA - El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, Iñaki Arriola, ha afirmado que el hecho de que no se haya podido hallar todavía en el vertedero de Zaldibar el cuerpo de Joaquín Beltrán no se puede "achacar para nada a una inacción del Gobierno Vasco", sino a las miles de toneladas caídas en el lugar.

Arriola ha participado este viernes en una conferencia del 'Forum Europa. Tribuna Euskadi', donde ha sido cuestionado por el derrumbe del vertedero de Zaldibar acaecido el 6 de febrero de 2020 y el hecho de que aún no hayan aparecido aún los restos del trabajador Joaquín Beltrán.

Arriola, que en el momento del colapso de la instalación era consejero de Medio Ambiente, ha remarcado que el Gobierno Vasco ha hecho "desde el principio todo lo que estaba en su mano para intentar resolver la situación producida desde el punto de vista ambiental", con el objetivo de que "el desastre no tuviera mayores consecuencias que las que se produjeron inicialmente".

Tras subrayar que se está haciendo un "gran esfuerzo de organización, gestión y recursos económicos", ha recordado, no obstante, que todo ello se lleva a cabo en un vertedero privado, "ni siquiera mixto". "Esa asunción de la responsabilidad en cuanto a hacer frente a las consecuencias del deslizamiento desde un principio se asumió por el Gobierno por la manifiesta incapacidad de la empresa de hacerlo por su cuenta", ha lamentado.

En este sentido, ha argumentado que si no se ha hallado todavía el cuerpo del trabajador Joaquín Beltrán "no es por que no se han puesto todos los medios para conseguirlo, pero hablamos de un deslizamiento de miles y miles de toneladas".

"El esfuerzo permitió que en agosto se encontrara el cuerpo de Alberto Sololuze; no se ha podido encontrar hasta ahora el cuerpo de Joaquín Beltrán, pero no se puede achacar para nada a una inacción del Gobierno Vasco sino todo lo contrario", ha añadido.

Respecto a posibles responsabilidades por el derrumbe, el consejero ha recordado que la entidad gestora del vertedero es una empresa privada, no "una empresa que dependiera de la gestión del Gobierno en ningún momento".

"Hicimos una auditoria con una empresa de prestigio para que dijera si la actuación del Ejecutivo había sido ajustada a derecho y homologable a las directrices europeas y la legislación", ha recordado, para añadir que la auditoría ha sido "clara", en el sentido de que se ha cumplido con "las responsabilidades, tanto en las autorizaciones como en la inspección del vertedero". "Si hay alguna responsabilidad desde luego no es del Gobierno", ha finalizado.