La polémica en torno a la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de parte de una ley vasca de protección de Medio AmbienteTribunal Constitucionalley vasca de protección de Medio Ambiente ha llegado esta mañana a las Juntas Generales, donde EH Bildu se ha enfrentado a los partidos que conforman el Gobierno foral (PNV y PSE) a los que acusa de permitir “que un tribunal español se inmiscuya en la soberanía vasca” para impedir que “iniciativas populares participaran en procesos judiciales”.

Los hechos se remontan a comienzos de febrero cuando el Constitucional anuló parte de un artículo de la ley vasca de protección del medio ambiente después de que el Departamento foral de Medio Ambiente y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa defendieran, contra el criterio del Gobierno y Parlamento vascos, la aplicación de la legislación estatal para evitar un recurso de GuraSOS contra la declaración de impacto ambiental de la incineradora de Zubieta.

“Es una decisión de gran irresponsabilidad”, ha denunciado el portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, que se ha cuestionado: “Rechazáis la deriva judicial que ha tomado la política y decís que las iniciativas populares son las que judicializado la democracia. Pero ¿esto qué es? GuraSOS y otras iniciativas tienen todo el derecho de presentar sus recursos. ¿Acaso estáis en contra de esto?”. “Se pierde la credibilidad por muchos motivos, el principal porque hacéis política de espaldas a la ciudadanía, no por presentar recursos. Estáis yendo en contra de un derecho”, ha censurado.

Sin embargo, la coalición abertzale se ha quedado sola en la defensa de su propuesta de resolución. Tanto PNV como PSE han recordardo a EH Bildu que, estando ellos al frente de la Diputación, se utilizó la misma herramienta hasta en dos ocasiones: la primera, en 2012 para actuar en contra de un recurso presentado por la Mancomunidad de San Marcos y un particular en contra del Plan de Residuos de la Diputación y más tarde, en 2014, a cuenta del proceso de constitución de Itziar como Entidad Local Menor.

“Nos parece triste que algunos hayáis tomado la costumbre de acudir a los tribunales cuando no tenéis la mayoría política democrática”, ha planteado la portavoz del PNV Maria Eugenia Arrizabalaga, que ha recordado que Bildu también empleó la españolísima legislación en la desanexión de Itziar”. La juntera jeltzale ha lamentado que “en Gipuzkoa llevamos tiempo con el fenómeno negacionista contra la ciencia, la tecnología, contra lo que hacen los países más avanzados de Europa y contra de la voluntad de la mayoría democrática”. En este sentido ha acusado a EH Bildu de “ceguera frente a las evidencias de la realidad” y de actuar con una “actitud paranoide”.

En similares términos se ha expresado el representate del PSE Julio Astudillo, quien ha traído a colación la actuación del Gobierno foral de Bildu en contra del recurso presentado por la Mancomunidad de San Marcos y un particular contra el Plan de Residuos de la Diputación. “GuraSOS ha interpuesto más de 20 recursos contra la incineradora y todos han sido desestimados, el último el 26 de febrero. Han actuado como querulantes patológicos contra una norma foral aprobada en estas Juntas Generales”, ha expuesto Astudillo, que ha remarcado: “Ven intencionalidad política en la defensa jurídica de la Diputación, cuando lo único que hizo fue defenderse de una demanda que le afectaba”.

EH Bildu tampoco ha contado con el apoyo de Elkarrekin Gipuzkoa, que se ha abstenido en la cuestión al considerar que “no se puede entrar en una cuestión puramente procesal para debatir quién es más nacionalista, si ustedes -en referencia a la coalición abertzale- o el PNV”.

De igual manera, el representante del PP, Juan Carlos Cano, ha calificado la propuesta de EH Bildu como “una nueva vuelta de tuerca a la campaña de intoxicación contra el tratamiento de residuos urbanos”.