- La ley de protección a la infancia y la adolescencia, que busca acorralar el maltrato que acecha a uno de cada cuatro niños en España y obliga a todos los ciudadanos a denunciarlo, será una de las primeras leyes aprobadas por el Parlamento en 2021.
La norma ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia y cuenta con el consenso de partidos y sociedad civil para combatir esa violencia oculta de la que apenas se llega a conocer el 15% de los casos.
Será obligatorio para todos los ciudadanos comunicar cualquier sospecha de maltrato y para evitar que muchos de los delitos más graves prescriban -ya que la mayoría de las denuncias se presentan en la edad adulta-, el plazo empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18 como hasta ahora.
La ley integral de la infancia llegó en junio a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, y hasta octubre se presentaron cientos de enmiendas parciales para mejorarla. Fuentes parlamentarias subrayan el deseo unánime de todos los grupos de acelerar esa tramitación para que la ley pueda estar lista en unas semanas; una norma aplazada en varias ocasiones y que llega al Parlamento con el acuerdo desde 2017 de organizaciones de infancia, sociedad civil y partidos políticos.
Se trata de una asignatura que España tiene pendiente desde que el Comité de Derechos del Niño reclamó su elaboración hace más de diez años.
La responsable de Incidencia Política y Estudios de UNICEF, Cristina Junquera, cree que “es una ley imprescindible, que genera entornos protectores, contribuyendo a erradicar la violencia”. Pero opina que se deben mejorar aspectos, como incluir “explícitamente a niños migrantes no acompañados, refugiados y solicitantes de asilo”. Apuesta también por crear en los centros de menores la figura del coordinador, que garantice los canales de denuncia, y reclama una memoria económica desglosada que garantice los mecanismos que la ley prevé poner en marcha.
Desde la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, responsable de Incidencia, propone eliminar obstáculos en los procesos para que un niño que sufre violencia pueda ir a denunciarlo, creando un defensor judicial que salvaguarde los intereses del menor.
