- Antes de que la crisis del coronavirus afectará de manera contundente a la economía, el empleo y las expectativas personales de muchos ciudadanos, la pobreza severa ya era un mal conocido para más de cuatro millones de personas en todo el Estado español y 122.000 en Euskadi. El informe El paisaje del abandono: la pobreza severa en España, elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), asegura que si en 2018 el 9,2% de la población total, es decir, unos 4,29 millones de personas, estaban en situación de pobreza severa, “el impacto negativo del coronavirus, sin precedentes en la economía española”, obliga a considerar esa cifra “como un mínimo”.

El informe aborda las características y condiciones de todas esas personas castigadas por la pobreza y destaca que “no hay diferencias por sexo”, pero sí por edad, ya que niños, adolescentes y adultos jóvenes tienen unos índices más altos de pobreza: prácticamente una de cada cuatro personas en pobreza severa -el 24,3%- tiene menos de 18 años. En cuanto a las diferencias entre comunidades autónomas, Eukadi, con un 5,5% de su población en pobreza severa -lo que equivale a 122.034 personas- tiene la cuarta tasa más baja del Estado, por detrás de Nafarroa -el 2,6%- , de Aragón -con el 3,6%- y de Baleares -el 3,7%-, frente a una media estatal del 9,2% de la población. En el lado contrario destacan las altas cifras de Canarias, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con porcentajes de pobreza severa que oscilan entre el 13% y el 16% del total de sus ciudadanos.

Los autores del informe de EAPN señalan que “las personas son pobres -o están en pobreza- cuando no pueden disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y, por tanto, quedan excluidos de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado en el que habitan”. Los datos oficiales referidos a 2018 indican que el 21,5% de la población del Estado español -algo más de 10 millones de personas- está en riesgo de pobreza y el 9,2% -unos 4,29 millones de personas- vive en situación de pobreza severa. “Son personas que han hecho los deberes pero que permanecen atrapadas en una estructura que no les permite desarrollarse”, indicó el autor del estudio, el sociólogo Juan Carlos Llano, durante su presentación online tras constatar que el 5,4% de las personas que tienen empleo está en pobreza severa -unas 100.000 personas- y que muchas de ellas tienen un nivel educativo medio o alto.

Operativamente, se define a las personas que están en pobreza severa como aquellas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de renta nacional. Esto supone que cuentan con ingresos inferiores a 5.914 euros al año -492 euros mensuales- si se trata de hogares unipersonales y de 12.419 euros anuales para hogares con dos adultos y dos menores. “En términos operativos -señalan en el informe- ser pobre significa vivir en un hogar en el que se ingresan menos de 739 euros mensuales, por unidad de consumo. Si vivir con esa cantidad de dinero es muy difícil y provoca importantes carencias en la calidad de vida, entonces, ¿de qué manera se puede vivir en un hogar con ingresos de 492 euros mensuales por unidad de consumo, que es el límite máximo para considerar que se está en pobreza severa? ¿Qué significa en términos concretos vivir en situación de pobreza severa?”.

Al analizar las características y condiciones vitales de las personas en pobreza severa se observa que tener hijos es un importante factor de riesgo, pues el 38% de la población en esa situación está en hogares formados por dos adultos con uno o más niños a cargo. Y la situación más deficiente se produce entre las personas que forman familias monoparentales, que en una inmensa mayoría están a cargo de una mujer. Entre todas ellas, una de cada cuatro personas -el 23,9%- está en pobreza severa.

En cuanto al nivel de estudios, más de un 36% de las personas en pobreza severa en el Estado español han completado la segunda etapa de la educación secundaria o cuenta con estudios superiores, frente a un 32,3% que sólo ha terminado la educación primaria o menos y un 31,1% que tiene la primera etapa de la educación secundaria. Así, el nivel educativo o de formación alcanzado es un factor importante y puede observarse que las tasas de pobreza severa se reducen cuanto mayor es el nivel educativo de las personas, no obstante la relación no es definitiva, pues el 4,3% de las personas con educación superior permanecen en pobreza severa.

Igualmente, el porcentaje de personas ocupadas dentro de la población en situación de pobreza severa es muy similar al de desempleadas. En concreto, el 30,3% tienen un trabajo frente a un 32,8% que están en paro. Atendiendo a la nacionalidad, el 74,1% tienen la española frente a un 25,9% de extranjeros. Estos datos, opinan los expertos de EAPN, revelan un perfil “muy distinto al que se intenta imponer desde determinados centros de interés”, ya que quienes sufren pobreza severa ”no son personas negligentes que tratan de aprovecharse del sistema social para conseguir vivir sin trabajar”. “De los datos objetivos se desprende que la gran mayoría de la población en pobreza severa está constituida por personas españolas, muchas de ellas con un nivel educativo medio o alto, en todo caso, más que suficiente para obtener un empleo digno, y, además, con trabajo”, afirma el informe.

El informe, que se ha hecho público cuando se acaba de poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital, también analiza la capacidad del sistema público para proteger a esos 4,3 millones de personas con niveles de ingresos muy bajos y constata que las rentas mínimas autonómicas vigentes hasta ahora configuran, en general, un sistema “complejo, con escasa cobertura e insuficiente cuantía para proporcionar a las personas un nivel de ingresos que permita cubrir sus necesidades básicas” y que, además, presenta grandes disparidades territoriales en cuanto a denominaciones, cuantías, requisitos y duración. De hecho, solo el 16% de las personas en pobreza severa recibe algún tipo de prestación por parte de las administraciones públicas debido a los requisitos burocráticos o las limitaciones presupuestarias. En cuanto a las diferencias por territorios, EAPN destaca que en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, las tasas de cobertura que proporcionan las rentas mínimas están por debajo del 7%. Según el estudio, solo en las comunidades de Euskadi y Nafarroa y gracias a sus sistemas de prestaciones sociales -fundamentalmente la RGI y la Renta Garantizada- se alcanza una cobertura total de la población pobre, con tasas de cobertura del 98,8 y el 100%, respectivamente.

Perfil

Al menos 4,2 millones de personas en el Estado español se encuentran en pobreza severa. Su perfil es el de una persona española joven con hijos, con un nivel educativo medio o alto y con trabajo, según un informe de EAPN-ES, titulado ‘El paisaje del abandono’.

Euskadi

Según los datos oficiales referidos al año 2018, el 5,5% de la población de la CAV sufre pobreza severa, esto supone que hay 122.034 personas con ingresos por debajo del 40% de la renta media nacional.

Empleo

Del total de personas con un empleo en el Estado, prácticamente un millón, el 5,4%, están en pobreza severa. “Es cierto que para no ser pobre hay que tener trabajo, pero la inversa es falsa: se puede tener un trabajo y ser pobre, incluso, trabajar y ser muy pobre”, señala el estudio.

99%

Según EAPN, solo el 16% de las personas en pobreza severa recibe algún tipo de prestación por parte de las administraciones públicas. Y únicamente en la CAV y Nafarroa la cobertura que ofrecen sus rentas mínimas alcanza al 98,8 y 100% de las personas en esta situación.

24,3%

Los niños, adolescentes y adultos jóvenes tienen unos índices más altos de pobreza: prácticamente una de cada cuatro personas en pobreza severa -el 24,3%- tiene menos de 18 años.

40%

Se define a las personas que están en pobreza severa como aquellas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de renta nacional. Esto es, que cuentan con ingresos menores a 5.914 euros al año -492 euros mensuales- en hogares unipersonales y de 12.419 para hogares con dos adultos.