- La Diputación de Gipuzkoa estudia la forma de “blindar” las normas forales que regulan la implantación de los peajes en el territorio a fin de aportar una mayor “seguridad jurídica” a estas normas que son de vital importancia para el Ejecutivo foral porque permiten obtener los ingresos con los que posteriormente se sufragan los costes de mantenimiento de las carreteras.
La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, compareció ayer a petición propia en la comisión de este área para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que el pasado 7 de junio anuló la norma foral que regula los peajes para camiones de la N-I y AP-15, al considerarlos discriminatorios. De hecho, se da la circunstancia de que es la segunda vez que este tribunal falla en contra de los peajes para camiones implantados en Gipuzkoa, después de que en 2018 anulara la norma foral aprobada dos años antes.
Oiarbide recordó que la primera sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo y que no se espera una resolución judicial antes del año que viene, y explicó que los servicios jurídicos de la Diputación preparan el recurso para este segundo fallo, para lo cual tienen de plazo hasta el 6 de septiembre.
Sin embargo, el Ejecutivo foral quiere dar un paso más allá para revertir la “vulnerabilidad” que a su parecer tienen estas normas, por lo que estudia su “blindaje”. Según explicó, este debate debe llevarse a cabo en el Parlamento Vasco, que elevará después una propuesta de ley al Congreso de los Diputados. Esta tramitación estará precedida por un informe jurídico.
Oiarbide expuso que “hoy en día cualquiera puede recurrir una norma foral ante el TSJPV por el contencioso administrativo y esto hace que dichas normas sean vulnerables”. Por ello, defendió la necesidad de aprobar un ley orgánica que “blinde” estas normas que, “aunque tienen carácter reglamentario, en la práctica tienen consideración de leyes y debemos protegerlas”. Indicó que, de llevarse a cabo este procedimiento, solo cabe recurrir ante el Tribunal Constitucional, algo que dota de mayor seguridad jurídica a las normas forales.
No es la primera vez que se lleva a cabo un procedimiento semejante y es que, según recordó la responsable de Infraestructuras Viarias, anteriormente se ha recurrido a la misma vía para blindar las normas fiscales. “La competencia de las carreteras es exclusiva y, por consiguiente, la financiación también es exclusivamente nuestra. Para nosotros es primordial financiar el mantenimiento de este tramo tan transitado de la red viaria guipuzcoana mediante el cobro a los vehículos pesados”, defendió Oiarbide, quien recordó que, según las estimaciones de su departamento, cada día circulan por estas carreteras 12.000 camiones “y lo justo es que -su mantenimiento- lo paguen todos esos usuarios”.
Durante su comparecencia, la titular de Infraestructuras Viarias se mostró muy crítica con la nueva sentencia que anula la norma foral de peajes. Oiarbide recordó que tras el primer fallo del tribunal, en abril de 2018, las Juntas Generales ratificaron una nueva norma foral de peajes que corregía la discriminación que argumentaba el juez para anularla. El primer sistema de peajes constaba de tres pórticos, colocados en Etzegarate, Andoain e Irun, que gravaban tres tramos de 10,3 kilómetros (entre Astigarraga y Andoain), otro de 2,2 kilómetros (entre los enlaces norte y sur de Andoain), y un tercero de 7,4 kilómetros (de Idiazabal a Etzegarate). La novedad del sistema que se implantó posteriormente consistió en alargar el tramo intermedio que determina el arco de Andoain hasta los 5,37 kilómetros, frente a los 2,2 kilómetros que tenía la antigua configuración. Otra modificación fue la eliminación del pórtico de Irun, y la instalación de otro en Astigarraga, para cobrar un tramo de 3,19 kilómetros asociado al tránsito por el nuevo pórtico.
Sin embargo, estas modificaciones no han sido suficientes para el TSJPV, que ha vuelto a declarar nulo este peaje aduciendo que se incurre en discriminación, algo prohibido por Europa.
La diputada foral censuró que el tribunal no ha tenido en cuenta ninguno de los datos aportados por la defensa, tales como las auditorías del sistema AT, que demuestra que “los guipuzcoanos no solo hacen trayectos internos sino también mixtos (con partida fuera de Gipuzkoa y destino en el territorio o viceversa) y de largo recorrido (cruzan el territorio)”.
Además, desgranó que la sentencia incurre en “contradicciones”: “Dictamina que solo hay dos opciones para hacer cambios sustanciales -con respecto a la primera norma foral-: o cobrar todo el recorrido o dejarlo libre de peaje, cuando la Directiva Europea establece que son los propios Estados, en este caso el territorio de Gipuzkoa, los competentes para decidir los tramos a cobrar”. En este sentido, recordó que la A-15 es de cobro en Navarra y libre de peaje en Gipuzkoa, o que la A-63 es de pago salvo en el tramo Baiona-Burdeos.
Asimismo, la responsable foral se quejó de que la sentencia consta de “14 páginas y tres líneas” de las cuales “nueve páginas son idénticas, palabra por palabra a la sentencia anterior”. En este sentido, Oiarbide recordó que antes de la aprobación de la norma foral que regula estos cánones, la Comisión Europea emitió un informe favorable.
Por ello, la Diputación solicitará a la Comisión que lleve a cabo un pronunciamiento público en torno a esta norma.
“Hoy en día cualquiera puede recurrir una norma foral ante el TSJPV y eso las hace vulnerables”
Diputada de Infraestructuras Viarias
