- El excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano aseguró ayer ante el tribunal que le juzga por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles en 1989 que él no dio la orden de matarles, que “no tenía nada personal” contra el religioso vasco y que “no hubo nunca pretensiones de hacerle daño” a él o a la Iglesia o a la Universidad Centroamericana (UCA).

También manifestó que no estuvo en la reunión en la que supuestamente se ordenó el asesinato de los jesuitas y que tampoco trató de encubrir los crímenes, ya que afirmó que fue él quien le aconsejó al presidente Alfredo Critiani que la investigación “se condujera con la ayuda internacional”.

Así lo dijo el excoronel Montano durante su declaración en el juicio que comenzó en la Audiencia Nacional en el que está acusado de cinco asesinatos terroristas por los que la Fiscalía pide una condena de 150 años de cárcel. El exmilitar salvadoreño, que compareció ante el tribunal en silla de ruedas y con mascarilla, se negó a contestar al Ministerio Público y las acusaciones popular y particular y sólo respondió a su defensa.

Montano explicó que en 1989 ejercía como viceministro de Seguridad Pública, un cargo que aunque dependía del Ministerio de Defensa no tenía a sus órdenes a fuerzas militares, sino a los cuerpos policiales. No obstante, dijo que sus tareas se limitaban a “funciones de tipo administrativo”.

El excoronel remarcó que el año de los asesinatos había “prácticamente” una guerra civil en el país porque el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que definió como “grupo terrorista”, se estaba infiltrando entre la población de San Salvador y armando a los civiles contra el Gobierno de Cristiani.

Según Montano, el FMLN tenía “tendencia comunista” y recibió apoyo de “gobiernos de países de izquierda” para “llegar al poder” porque “si no podían ganarlo en las elecciones, querían ganarlo armando un conflicto armado”. “Tal era la situación que el presidente declaró el estado de sitio para evitar que se moviese la población civil armada. Con el apoyo de esos países consiguieron armas, municiones y avituallamiento militar. Quisieron usar a la ciudadanía como escudo”, destacó.

La estrategia, añadió, era “hacer notar a la población” que los gobiernos que se habían ido sucediendo en El Salvador “eran ilegales, que no respetaban los Derechos Humanos”, y se acusó a los militares de oponerse al acuerdo que trataba de lograr el presidente Cristiani con el FMLN “para pacificar el país”. “Decían que nos estábamos enriqueciendo, que nos habíamos apoderado de bancos... Una serie de mentiras para desacreditarnos”, apuntó.

Sobre la entrada en la UCA, Montano explicó que se sospechaba que “había armamento y munición en la universidad” y que el FMLN la usaba “como almacén”, así que se envió a “soldados y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia” porque habían recibido “información de sus informantes de que había un grupo ahí metido”, por lo que “mandaron a un grupo a investigar y contrarrestar cualquier amenaza”.