- El Ayuntamiento de Donostia mantiene desde hace dos semanas encuentros con responsables de la Diputación de Gipuzkoa para diseñar un plan de salida para las personas sin hogar alojadas temporalmente en diversos recursos de emergencia. Aunque el perfil de los usuarios es muy variado, muchos se preguntan qué será de ellos una vez se desactiven los dispositivos habilitados tras decretarse el estado de alarma.
Donostia acoge actualmente a más de 170 personas sin hogar, con el frontón Atano III como máximo exponente del plan de contingencia ideado a contrarreloj. Por el momento no está previsto modificar la organización actual, pero hace falta pensar ya en el futuro más inmediato y, en ese sentido, la concejala de Acción Social del Consistorio donostiarra, Aitziber San Roman, entiende que la respuesta debe ser "interinstitucional", incluyendo en ella a todos los ayuntamientos. "Existe una ley de servicios sociales y un decreto de cartera que exige a cada comarca una serie de recursos, también para atender a las personas sin hogar. Es un déficit que arrastramos en general ante el cual toca ahora implicarse más que nunca".
Las prestaciones que ofrece Donostia, su entramado organizativo y su rápida respuesta inicial a la pandemia convirtieron a la ciudad en destino de muchas personas en exclusión social. En estos momentos está acogiendo, entre otros, a usuarios procedentes de municipios como Hernani, Errenteria, Ordizia e incluso de otros territorios limítrofes.
Se calcula que un tercio de las más de 170 personas atendidas no hacen vida habitualmente en la capital guipuzcoana. "La respuesta debe ser en común y entre todos", insiste San Roman, sin obviar el variado perfil de los usuarios, con diferentes aspiraciones y trayectorias de vida "que van a ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en la salida".
El trabajo en coordinación con la Diputación ha sido estrecho. Habilitar con carácter de urgencia y "de la nada" dispositivos para alojar a personas en exclusión ha supuesto un gran esfuerzo. "No había tiempo que perder. Se imponía atender las recomendaciones sanitarias para frenar posibles contagios, lo que pasaba por evitar el tránsito de estas personas por las calles".
La emergencia sanitaria que sigue planteando el COVID-19, con el decreto de un estado de alarma que en principio fue aprobado por dos semanas y se prolonga ya durante más de mes y medio, ha obligado a contratar personal profesionalizado que sepa escuchar a este sector de población vulnerable, un colectivo de riesgo en sí mismo.
La Diputación también está colaborando junto con otras entidades públicas y sociales para responder a quienes no pudieron acceder a un alojamiento cuando se prohibió la libre circulación de personas. "La situación del confinamiento se ha alargado más de lo esperado, y ya nos encontramos en la séptima semana cuando en un principio iban a ser dos". Como detalla Maite Peña, diputada de Políticas Sociales, son tiempos para readaptarse y repensar. Un compás que "nos está ofreciendo la posibilidad de conocer mejor a las personas usuarias de estos recursos, y ello permitirá poder realizar planteamientos más ajustados",
El reto para las entidades públicas y sociales va ser conjugar compromisos personales de procesos de superación y recursos disponibles. Todo ello, en un escenario más que comprometido debido a las consecuencias de la pandemia. "En ello estamos, sabiendo que, en este ámbito también, nos encontramos ante un desafío", asume Peña.
El confinamiento ha obligado a cerrar centros de día y formativos del ámbito de la inclusión social. Es algo a tener en cuenta a la hora de analizar la incertidumbre que se cierne sobre usuarios que seguían sus itinerarios. A la espera de lo que deparen las próximas fases de la desescalada, actualmente la labor de atender y proveer de servicios durante el confinamiento se sigue llevando a cabo entre la Diputación, las entidades sociales y los ayuntamientos del territorio. Incide Peña en que se está trabajando de manera muy estrecha con el Consistorio de Donostia.
"A partir de mañana todo el mundo tiene que estar bajo techo". Así recuerda San Roman cómo fueron los primeros momentos. Fue la notificación que recibió la concejala el mismo sábado, día 14 de marzo. Ese día, en una declaración institucional, el presidente del Gobierno acababa de confirmar la aprobación del estado de alarma, que añadía como medida extraordinaria la limitación de movimientos de los ciudadanos. Al día siguiente, San Roman, sin salir de casa, se dedicó a coordinar un entramado que había que organizar sin dilación. "En siete días fue necesario habilitar 110 plazas de la nada", rememora, con la implicación fundamental de Asociaciones como Arrats, Cruz Roja, DYA y el personal del Ayuntamiento.
El sorpresivo mandato se prolonga ya desde hace casi 50 días, lo cual ha acabado por procurar cierta estabilidad al colectivo. "No se trataba de garantizar un techo sin más, sino que además de cubrir las necesidades básicas y sanitarias -se ha contratado a un médico-, se está prestando atención socioeducativa de la mano de la Asociación Arrats. Hemos procurado que las personas estén atendidas por profesionales que saben escuchar, acercarse y conocer así en qué situación están".
A partir de ahora, la concejala admite que están barajando diferentes escenarios que por el momento no pueden concretar. "Estamos en ello, viendo las salidas que se pueden ofrecer desde un punto de vista global. Estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Se bajaran ideas que por el momento no se han concretado porque dependen no solo de las medidas propias del estado de alarma, sino de una situación económica más que complicada".
La delegación de Acción Social es, en cualquier caso, un departamento que cuenta con el respaldo del alcalde Eneko Goia, muy preocupado por la recuperación del pequeño comercio y la difícil coyuntura económica que se adivina tras la creciente solicitud de ayudas de tantas familias.
Entretanto, Acción Social sigue "de prestado". Ni el albergue de Uba, ni la Sirena (en Ondarreta) ni el frontón Atano III (con 44 usuarios en cada uno de estos centros), pertenecen a Servicios Sociales. Son recursos utilizados por cesión del Departamento de Juventud, Deportes y Fomento. "Nuestra idea es hacer algo que hasta ahora no teníamos, pero no hay nada concretado todavía. Además, hay que tener en cuenta que hay usuarios que quieren dejar los recursos, y otros que muestran un mayor compromiso. Hay de todo".
La concejala subraya que por el momento no tiene en mente desactivar los recursos habilitados. A la espera de cómo se coloquen finalmente las piezas del puzzle, subraya que "la atención a estas personas nos concierne a todos".
Una de cada tres personas sin recursos atendidas en la capital guipuzcoana durante el estado de alarma no reside en Donostia
"No se trata de garantizar solo un techo sino de prestarles una atención socioeducativa"
Delegada de Acción Social en Donostia
"Esta situación posibilita conocer mejor a los usuarios para hacer planteamientos ajustados"
Diputada de Políticas Sociales
