- Las residencias de Gipuzkoa han registrado en las últimas horas tres nuevos contagios por COVID-19, mientras que ningún usuario ha fallecido y un total de 21 personas han superado la enfermedad.
La portavoz foral, Eider Mendoza, explicó ayer que hasta el momento 225 usuarios han recibido el alta médica, lo que supone el 41% de los afectados por el coronavirus, mientras que 160 han fallecido y 163 permanecen con diagnóstico positivo, después de que se hayan detectado tres nuevos casos en las últimas horas.
Las personas que han recibido el alta viven en los centros de Egogain en Eibar (seis), Argixao en Zumarraga (ocho) y San José en Ordizia (siete).
Siguen siendo quince las residencias de mayores que cuentan con casos positivos de COVID-19, mientras que 27 personas se encuentran en el centro sociosanitario de la Cruz Roja en Donostia y 24 permanecen hospitalizadas.
En cuanto a la situación en centros para personas con discapacidad, Mendoza informó de que actualmente están “libres de COVID-19”, al recuperarse la última persona que permanecía con positivo, usuaria del centro Iza de Donostia.
Han sido cuatro los centros que han registrado algún caso positivo, aunque las 17 personas afectadas en total ya han recibido el alta médica.
Por su parte, la consejera de Sanidad, Nekane Murga, consideró ayer que la posibilidad de permitir visitas a los usuarios de las residencias de mayores debe decidirse en función de cada caso y siempre garantizando las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.
En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Murga recordó que los mayores son especialmente vulnerables ante el coronavirus y que para permitir que sean visitados debe garantizarse el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que prevengan la transmisión, algo que según dijo, “no es tan fácil”. Si esas medidas se cumplen y el anciano “tienen necesidad de esas visitas” habrá llegado el momento de “valorar” si pueden o no celebrarse.
Medidas garantistas. Pese a que los juzgados han desestimado cuatro de las cinco denuncias que ELA ha interpuesto contra otras tantas residencias, el sindicato anunció ayer que seguirá con las demandas, ya que, a su entender, la presión ejercida tanto en las empresas como en las instituciones, así como la presión judicial mantenida ha acelerado la realización de los test generalizados y la dotación a las trabajadoras de EPI medianamente garantistas.
