- La Fiscalía no ha visto motivos en las residencias de la tercera edad en Euskadi que le induzcan a abrir una investigación de carácter penal. En su opinión, en las redes residenciales de los tres territorios de la CAV, “se han adoptado medidas que resultan bastante oportunas para minimizar los riesgos” ante la epidemia de coronavirus.

La fiscal delegada de Protección de Personas con Discapacidad en Euskadi, Catalina Pedrero, confirmó que su equipo tiene bajo la lupa desde el primer momento de la epidemia la situación de los 381 centros residenciales que hay en la Comunidad Autónoma vasca y en los que se atiende a 18.793 usuarios.

Pedrero desveló que, según los datos que le han aportado las tres diputaciones y el Gobierno Vasco, entre los pasados 8 de marzo y 16 de abril, han fallecido en los centros residenciales vascos 360 residentes con coronavirus, mientras que se han registrado otras 81 muertes de personas que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad. Pedrero calificó de “estrechísima” la colaboración que está recibiendo de las instituciones forales a las que se ha preguntando, entre otras cuestiones, sobre el número de fallecimientos, “las circunstancias asistenciales que puedan estar suponiendo riesgos innecesarios para los ancianos”, el número de positivos, si los enfermos están aislados por zonas o en hospitales, si las residencias cuentan con personal suficiente para atenderlos, y si se están adoptando medidas de protección adecuadas.

“La verdad es que, dentro de que desgraciadamente ha habido fallecimientos” y que “no se están haciendo test en todas las residencias” que “sería lo ideal”, sí se han adoptado “medidas bastante oportunas”, entre las que destaca la apertura de centros específicos en cada territorio para atender a los casos más graves, como el de la Cruz Roja en Gipuzkoa, el de Birjinetxe en Bizkaia y el de Zadorra en Araba.

Al contrario que en Euskadi, la Fiscalía General del Estado elevó ayer hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente por el Ministerio Público en el Estado; casi la mitad de ellas se encuentran en Madrid. Los datos, actualizados al lunes, son notablemente más elevados que los ofrecidos por esta misma institución el viernes, cuando informó de que el número de diligencias penales en todo el país era de 38, un total de 19 en residencias situadas en Madrid.