La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, preside este miércoles una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación en la que participarán todos los consejeros autonómicos y donde se discutirá cómo evaluar a los más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias que permanecen confinados en casa por la pandemia del coronavirus.

La reunión de la Conferencia Sectorial, la segunda que se celebra desde el decreto del Estado de Alarma del pasado 14 de marzo, comenzará sobre las 11.30 horas. El inicio del encuentro por videoconferencia dependerá de lo que se prolongue la presencia de Celaá en el Pleno del Congreso, donde tiene que responder a una pregunta presentada por el Partido Popular sobre la previsión del Ministerio de Educación para reanudar las clases presenciales.

Una cuestión que la ministra pretende abordar con los consejeros autonómicos, supeditada siempre a las instrucciones de las autoridades sanitarias. La Conferencia Sectorial de Educación analizará las "perspectivas ante la finalización del curso en el contexto de la situación sanitaria actual", y lo hará cuando se cumple un mes de la suspensión de las clases presenciales por el Estado de Alarma.

Celaá y los representantes de las comunidades autónomas tendrán sobre la mesa las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo en educación, que la pasada semana aprobó un documento que descartaba conceder el aprobado general, aunque aconsejaba reducir las repeticiones a casos muy excepcionales este curso.

El Consejo Escolar del Estado, integrado por representantes de los diferentes sectores de la comunidad educativa, también recomienda que sean evaluables las tareas que los estudiantes están realizando en sus domicilios durante el confinamiento. Sin embargo, pide tener en cuenta las "condiciones tecnológicas y de conectividad" en los hogares de cada alumno, de manera que la "brecha digital" no suponga un motivo para "la evaluación negativa de los aprendizajes y las competencias".

La petición de eliminar o reducir las repeticiones este curso, promovida inicialmente por organizaciones de estudiantes, ha sumado apoyos en las últimas semanas. La ONG Save The Children ha remitido una carta a la ministra Celaá donde reclama un acuerdo con las comunidades autónomas para que la repetición sea algo "casi residual, como ya lo es en la mayoría de países europeos".

La misiva está respaldada por profesores universitarios, expertos en educación y organizaciones como la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos CEAPA, que defiende no evaluar las tareas escolares realizadas durante el confinamiento. También por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE, que planteó en el Consejo Escolar la eliminación "excepcional" de las repeticiones.

"En nuestro sistema educativo, casi uno de cada tres estudiantes (28,7%) está en un curso inferior al que le corresponde. En este sentido, nos alejamos mucho de los países de nuestro entorno (16% Francia, 13% Italia, 4,4% Grecia, 3% Finlandia, 2,8% Reino Unido, 0% Noruega)", sostienen desde CANAE.

ESPERANZA DE LLEGAR A ACUERDOS

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional confían en lograr acuerdos con el conjunto de las comunidades autónomas. Fuentes del departamento dirigido por Isabel Celaá destacan a Europa Press la "homogeneidad" de opiniones que han mostrado los diferentes gobiernos autonómicos en la preparación de la Conferencia Sectorial de este miércoles.

En la última reunión de este órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades en materia educativa, celebrada el pasado 25 de marzo, se fijaron nuevas fechas para la denominada Prueba de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU), aplazando su calendario entre el 22 de junio y el 10 de julio.

Además, los consejeros de las comunidades autónomas aceptaron la propuesta presentada por la ministra Celaá para cancelar las pruebas de evaluación diagnóstica para los estudiantes 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO. También hubo consenso en flexibilizar las prácticas de enseñanzas de Formación Profesional en el centro de trabajo, necesarias para superar el curso, ampliando el periodo establecido en el calendario escolar.