- El parón lectivo y laboral derivado de las medidas de contención del coronavirus ha generado un éxodo de ciudadanos hacia las costas, zonas rurales y segundas residencias que no solo no es del agrado de los municipios receptores por el riesgo de importar casos de personas contagiadas, sino que también ha obligado a cerrar playas y parques. A esto se suma la decisión de muchas ciudades de suspender los actos de Semana Santa y adoptar medidas de control de tránsito de personas.
Así, ayuntamientos de todas las zonas costeras del Estado están cerrando sus playas para evitar que los vecinos y los visitantes de otras comunidades puedan acceder a ellas y expandir el coronavirus por el resto del municipio. En la Comunidad Valenciana, el primer Ayuntamiento en tomar esta decisión fue el de Cullera, donde desde el viernes están suspendidos todos los servicios turísticos de las playas y ondea la bandera roja que prohíbe el baño.
Las playas de Benidorm también tendrán bandera roja para evitar que los accidentes de los bañistas o las posibles situaciones de rescate o ahogamiento compliquen la situación sanitaria. Y desde ayer las playas de la ciudad de Alicante también estarán cerradas durante, al menos, 15 días, tanto para el baño como para el acceso a la arena. En Andalucía, los ayuntamientos gaditanos de Vejer, El Puerto de Santa María y Barbate han sido los primeros en comunicar el cierre de sus playas y en colgar la bandera roja para evitar la propagación del coronavirus y animar a los vecinos a que permanezcan en sus casas. En la Costa del Sol malagueña, las banderas rojas ondean en las playas de varios municipios como Málaga capital y Torrox, donde también se ha decretado el cierre de terrazas y bares, dado que bastantes clientes, sobre todo turistas, no atienden a las recomendaciones. Y en Galicia, por el momento, tan solo el Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra) ha ordenado el cierre de todas las playas del municipio.
Además, la crisis del coronavirus ha provocado la suspensión de los desfiles procesionales en varias provincias y comunidades, como Sevilla, Murcia o Castilla y León, y ha estado precedida de la cancelación de numerosas celebraciones previas. El Consejo de Hermandades y Cofradías, el Ayuntamiento de Sevilla y el Arzobispado acordaron ayer la suspensión de los desfiles procesionales de la Semana Santa de esa ciudad, una decisión que se produce después de que la Conferencia Episcopal manifestase su voluntad de suprimir procesiones para contener la propagación del coronavirus, evitar concentración de personas y tomar las medidas necesarias.
Entre las medias de prevención o las consecuencias de la epidemia también se pueden citar la suspensión por parte de la Dirección General de la Policía de la expedición de documentos y la cita previa salvo por motivos de urgencia debidamente justificados; y la paralización de las ventas de todos los productos de lotería de la ONCE.
Por otro lado, la paralización de la actividad judicial en todo el Estado español, que se incluye en el estado de alarma, afectará entre otros asuntos a la ejecución de los desahucios, que no se encuentran en el listado de servicios esenciales que debe asegurar la Administración de Justicia. El escenario prevé la paralización de la actividad judicial salvo en casos en los que, de no practicarse pudiera causar perjuicio irreparable, o actuaciones con detenido, entre otras. El CGPJ contempla además reforzar juzgados para agilizar las autorizaciones que demande la autoridad competente y que impliquen por ejemplo "privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental" en aras de la salud pública.
