donostia - El martes a media mañana el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dará a conocer una resolución que, en función del lado del que se incline la balanza, puede provocar una lluvia de demandas en Euskadi y asestar un duro golpe a la banca española. Comprarse un piso es la inversión más importante para el común de los mortales, con una incidencia directa en la economía familiar, y a la hora de decantarse por un índice hipotecario es necesario que no haya "opacidad". Es lo que se debe dilucidar. La incógnita a despejar es si durante estos años atrás, a la hora de estampar su firma, los consumidores fueron debidamente informados y con suficiente transparencia sobre el índice IRPH, al que más de 100.000 familias vascas tienen vinculado su crédito hipotecario.

Hay muchísimo dinero en juego y una gran expectación por conocer los efectos que puede conllevar una hipotética declaración de nulidad. El fallo sentará en cualquier caso jurisprudencia para que los jueces del Estado se pronuncien en relación a una cuestión que a día de hoy no está ni mucho menos clara, lo que ha dado lugar a fallos contradictorios entre la justicia española.

Se estima que la gran banca se juega unos 17.000 millones de euros con la decisión del TJUE, una cantidad que el gigante Goldman Sachs eleva a 44.000 en el caso de que se tengan en cuenta los efectos de una anulación totalmente retroactiva para el conjunto del sector financiero.

"A la espera de conocer la sentencia, nuestras sensaciones son muy buenas teniendo en cuenta el largo trabajo que ha costado llevar a la banca española a la Unión Europea". Maite Ortiz recibe a este periódico en el despacho de abogados RES, ubicado en Donostia. Ella es la artífice de haber puesto a la banca contra las cuerdas, junto a su compañero José María Erauskin, un farmacéutico que estudió Derecho cuando ya rebasaba la cuarentena, el mismo que estará en Bruselas el martes para que le notifiquen el fallo.

Ellos fueron los pioneros en librar la batalla para la desaparición del IRPH junto con la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa, a la que representaban para evitar los desahucios. La letrada hablaba ayer del "largo y penoso camino" recorrido hasta llegar "al lugar que queríamos". Y desde luego que han alcanzado un infranqueable destino. Tanto, que el Gobierno español ya ha solicitado al TJUE que limite el impacto de un posible fallo negativo para la banca, a pesar de que Luxemburgo ya hizo caso omiso a este tipo de requerimientos en el caso de las cláusulas suelo.

A pesar de la enorme trastienda de la decisión, a Ortiz no le temblaba ayer el pulso. "Podemos equivocarnos y puede que no nos den la razón, pero tenemos la firme convicción de que la sentencia debe ser favorable. Tenemos muy claro que el índice IRPH es totalmente opaco, que se ofreció con una falta de transparencia total y absoluta. Siempre estará por encima del Euribor por el modo de cálculo. ¿Qué familia en su sano juicio se hubiera decantado por él frente a otro más barato sabiendo que este le iba a llevar siempre a pagar una cuota muy superior? ¿Alguien toma esa decisión si es informado debidamente?". Preguntas que el Tribunal debe aclarar, despejando dudas sobre si los consumidores contaron con información suficiente a la hora de tomar la decisión.

desequilibrio También debe pronunciarse sobre si el contrato firmado ha generado un desequilibrio entre las partes. Es decir, si la banca se ha podido beneficiar de un índice que pudo introducir con opacidad. "Una sentencia favorable va a suponer para muchas familias recuperar un dinero que se ha cobrado indebidamente, y para la banca un muy duro varapalo. En el caso de que se declare nula la forma en la que se incorporó el IRPH, eso conllevaría que se declare nulo el tipo de interés ordinario. Es decir, supondría que el préstamo quedaría sin interés". Asegura la letrada que la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea establece que cuando una cláusula se declara nula no se puede sustituir ni reconducir. Es decir, eso significa que el crédito se quedaría a un interés 0.

Aunque es una realidad jurídica incuestionable para la parte demandante, los abogados saben que "se buscarán remedios" para que juzgados y tribunales se aseguren de que el impacto económico no sea tanto. "Tenemos cierto temor a que se hagan ciertas interpretaciones que busquen aplicar un interés sustitutivo. Es un miedo que tenemos, aunque jurídicamente no se sostiene y lo pelearemos porque entendemos que no cabe esa posibilidad. Nulo es expulsión", remarca.

Los movimientos de los últimos meses soplan a favor de los consumidores. Uno de ellos, el de la propia Comisión Europea, órgano consultor que se pronunció sobre este asunto con carácter previo. "Fue favorable, lo cual nos dio cierta alegría", reconoce Ortiz, que representa en el pleito junto a José María Erauskin a la parte consumidora.

El asunto también fue abordado el pasado mes de septiembre por el abogado general del TJUE Maciej Szpunar, una suerte de fiscal general que abrió la puerta a tumbar su uso por falta de transparencia. Alegó que dada su complejidad, ligar una hipoteca al IRPH exige informar debidamente al cliente de su método de cálculo, evolución y potenciales repercusiones, algo que pocas entidades cumplieron durante su comercialización. "Ha sido muy rotundo y claro respecto a lo que nosotros demandábamos", reconocen los letrados guipuzcoanos.