donostia - Hay vecinos que, viéndolas venir, no tienen mayores problemas en hacer las maletas y buscar nuevo destino sin un lugar de residencia fijo. Hay otros, la gran mayoría, que forjan su identidad y que son lo que son por el sentido de pertenencia a un barrio, a un pueblo, en el que tejen relaciones de vecindad que convierten su morada en algo más que cuatro ladrillos. Mónica Zapirain lleva 30 años viviendo en el barrio de Gros. Gustavo González asentó su proyecto de vida en la Avenida de Ategorrieta hace dos décadas. Ambos viven una situación que jamás imaginaron. Sus contratos de alquiler han finalizado y el fondo buitre Azora no ha demostrado ningún interés en renovarlos. "Asusta vivir sin saber si al día siguiente nos quitarán la vivienda de siempre, y más teniendo en cuenta lo que ha hecho este mismo fondo de inversión en otros lugares", reconocen ambos.

Donostia vuelve a ser escenario de una situación inédita en otros tiempos debido, en buena medida, al relevo de la banca tradicional por entidades gestoras de capital agrupado para negocios exclusivamente especulativos. Los demoledores efectos de estas nuevas prácticas son palpables entre la ciudadanía que, según se ha podido comprobar en otras grandes ciudades del Estado, pasan a estar en manos de fondos que pueden disparar los precios sin medida.

Entre las personas concentradas ayer en Donostia había vecinos de las 500 viviendas de VPO de Benta Berri, que temen que los precios de sus pisos de alquiler se disparen a partir de 2028, tras caer en manos del fondo buitre Blackstone.

Los buitres se suceden, pero los vecinos no quieren caer en manos de estas aves financieras rapaces. Así lo demostró ayer la tercera concentración de protesta en menos de dos semanas que tuvo lugar frente a la oficina de la Inmobiliaria Vascongada. Se trata de la misma empresa que el pasado 8 de enero vendió 320 viviendas a Azora, el fondo que quita el sueño a Mónica, Gustavo y otras familias. Cuatro han recibido el mismo burofax en el que les comunican que sus contratos de alquiler han finalizado.

desde que era una niña El de Zapirain, que vive en el número 8 de la Gran Vía, venció el 31 de enero. Aquí ha transcurrido su infancia y juventud. Llegó a la Gran Vía con sus padres siendo una cría, cuando tenía diez años. Con el tiempo se independizó y alquiló otra vivienda en ese mismo inmueble. "La siento como mi casa, y además he hecho mejoras porque la inmobiliaria se negaba a ello. Las ventanas tienen un siglo y con el tiempo, aunque el piso no fuera mío, he ido invirtiendo en él porque nunca pensé que tuviera que marcharme. Ahora veo que no voy a poder quedarme toda la vida. Nunca pensé que iba a llegar este momento".

En noviembre le llegó un burofax. "Me decían que a partir del mes siguiente ya estaba, es decir, en ningún momento hablaban de ninguna renovación. Inmediatamente llamé para saber si eso significaba que me tenía que marchar. Inmobiliaria Vascongada me dijo que no, que podía seguir abonando el alquiler mes a mes, aunque no hubiera ningún contrato firmado".

Hasta ahora le han venido remitiendo un recibo en el que figuraba la forma de pago mediante domiciliación bancaria. El hecho anómalo es que su cuenta está intacta. Ayer, 25 de febrero, no le habían cobrado el mes, señal de que algo raro está pasando. "¿Eso qué quiere decir? Si según dicen en el Ayuntamiento todo sigue igual, ¿por qué no me han cobrado?".

Los afectados se muestran convencidos de que están ante una estrategia de desgaste con el fin de que finalmente abandonen los pisos en los que tanto tiempo llevan viviendo. Lo curioso es que a pesar de ser ahora Azora el accionista, los inquilinos siguen manteniendo relación con los mismos empleados de Inmobiliaria Vascongada. "Cuando nos hablan de tranquilidad, de que no pasa nada, solo podemos decir que no es verdad, que claro que pasa. No es cierto que los contratos sigan vigentes", insistía ayer la mujer en la calle Igentea de Donostia, frente a las oficinas de la inmobiliaria, y en compañía de representantes políticos y sindicales.

Teme que cualquier día de estos le llegue otro burofax diciéndole que se vaya. "Estoy con una incertidumbre tremenda porque no sé que va a pasar. De palabra te pueden decir muchas cosas, pero por escrito lo único que me consta es que se me acabó el contrato el 31 de enero".

Según denunció ayer Rosa García, portavoz de Stop Desahucios, el fondo buitre ya ha enviado diez burofax y hay constancia de que finalizarán más contratos en mayo y junio, por lo que la lista de inquilinos presos de la incertidumbre aumentará.

Son vecinos que abonan puntualmente los alquileres, junto al IBI y todos los gastos, como Gustavo González, de 48 años.

Vive en la avenida de Ategorrieta. Su contrato también venció el 31 de enero. La única explicación que le han dado es que no quieren renovarlo "y que no me quieren echar mientras pague mes a mes". Entiende que "no es una situación admisible ni normal" para una persona que, como él, lleva viviendo en el mismo piso desde hace dos décadas.

"Estamos ante gente que ha comprado todo esto y va a hacer negocio. Estamos ante una operación de desgaste. Buscan nuestra división, porque estos no vienen aquí a funcionar bajo los mismos parámetros que lo hacía Inmobiliaria Vascongada. Estos quieren subir precios a toda costa".

Gustavo ha pagado enero y febrero, pero se muestra indignado por el goteo de abonos sin firma alguna al que le están sometiendo. "Exigimos que nos renueven los contratos. Ir pagando poco a poco responde a una estrategia dilatoria porque por ley deberían hacernos firmar por siete años", advierte.

Los contratos vencidos. El alcalde de Donostia, Eneko Goia, se reunirá el viernes con inquilinos afectados por la nueva situación que se cierne tras la adquisición de Inmobiliaria Vascongada por el nuevo fondo de inversión. Hace una semana el regidor se reunió con Azora y trasladó un mensaje de tranquilidad para los vecinos con contratos vigentes. El problema es que "no mencionó cual iba a ser la situación para los que los tenemos vencidos", denunció ayer Iñaki Setién, uno de los vecinos afectados. Las familias y Stop Desahucios piden que esta situación se resuelva firmando contratos con "alquileres asequibles que se puedan pagar".

reunión con el alcalde el viernes

encuentro con los vecinos