donostia - Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado la ordenanza de pisos turísticos del Ayuntamiento de Donostia, de 2018. De momento, la sentencia no es firme (el Consistorio trabaja ya en el recurso) y, por lo tanto, sigue en vigor. Además, el Consistorio trabaja en la modificación del Plan General para incluir en él los criterios de regulación de los pisos turísticos, y podría estar completada esta primavera. Por ello, el alcalde, Eneko Goia, minimizó ayer las consecuencias prácticas que puede tener a corto plazo esta última sentencia y afirmó que el departamento de Urbanismo continuará tramitando las licencias como hasta ahora.

En realidad, la sentencia del TSJPV, de la que el Ayuntamiento tuvo conocimiento ayer mismo, no entra en el contenido de la ordenanza, sino que anula una parte del artículo 8.4 del Plan General de Ordenación Urbana de 2010. El citado artículo establece que el Consistorio puede "reajustar y complementar" la regulación establecida en el propio Plan General mediante una ordenanza, si contribuye a una "más clara y precisa exposición" de la regulación de esos usos. La ordenanza aprobada en marzo de 2018 para regular los usos turísticos de las viviendas se fundamenta, precisamente, en ese artículo del Plan General, por lo que la sentencia anula la normativa.

Es decir, la sentencia considera que una ordenanza no es un instrumento válido para "regular, modificar, complementar, desarrollar o reajustar los usos urbanísticos", algo que compete solo al Plan General o planes especiales específicos.

"No entra en el fondo, no valora la regulación que propone la ordenanza, solo dice que la fórmula o la herramienta utilizada no es correcta", apuntó ayer Goia, que añadió, asimismo, que el artículo invalidado ahora, ya se incluyó en el Plan General anterior, de 1995, y los jueces no lo habían cuestionado en 25 años.

En principio, la sentencia hace referencia explícita únicamente a la ordenanza de pisos turísticos, aunque los servicios municipales están estudiando si hay alguna otra ordenanza derivada de ese artículo 8.4 del Plan General que pueda quedar anulada como consecuencia del fallo.

valoración A pesar de la situación originada, Goia defendió que la ordenanza "ha permitido regular un fenómeno que antes era opaco y difuso". En la actualidad existen algo más de 1.200 pisos turísticos con licencia en Donostia y casi 900 de ellas se han otorgado a partir de la citada ordenanza.

El alcalde reconoció que la sentencia no es de su agrado pero incidió en que no es firme, por lo que la ordenanza sigue en vigor. Añadió que el Ayuntamiento responderá por dos vías. Por un lado, prepara el recurso a la sentencia, y por otro, está bastante adelantada la tramitación de la modificación del Plan General, que tiene como objetivo incluir en él las directrices principales de la ordenanza, lo que ofrecerá seguridad jurídica a la regulación de las viviendas y habitaciones turísticas de la ciudad.

En principio, esperan poder llevar a Pleno las próximas semanas la aprobación provisional de esos cambios en el Plan General y la aprobación definitiva podría llegar dos o tres meses después, según las previsiones que hizo la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus. En todo caso, el Gobierno municipal espera que los cambios en el Plan General estén en vigor antes de que la sentencia del TSJPV sea firme, por lo que si se llegara a anular definitivamente la ordenanza, el Consistorio tendrá ya otra herramienta de regulación de esta actividad.

competencia La ordenanza de pisos turísticos, que fue aprobada por el Gobierno muncipal y contó con el voto contrario de los grupos de la oposición, había sido recurrida esta vez por Anfitriones Basque Country Hosts, una agrupación de propietarios de pisos turísticos, que consideraba la ordenanza restrictiva. Sin embargo, el texto también ha sido llevado a otros tribunales por distintos agentes en estos dos últimos años.

Por un lado, ha habido distintas sentencias de casos particulares que, normalmente, denunciaban la clausura de viviendas para visitantes basada en la citada ordenanza. La mayoría de las sentencias en estos casos son favorables al Ayuntamiento y confirman la clausura, aunque en diciembre el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 consideró que la citada ordenanza era "nula de pleno derecho" por contradecir en algunos aspectos lo dictado por el Plan General, una normativa superior.

Goia explicó que eran conscientes de que esas contradicciones podían provocar algún problema y explicó que por eso emprendieron la citada modificación del Plan General, con intención de que ambos textos siguieran el mismo criterio para solventar así posibles inconvenientes.

Sin embargo, hay otro proceso judicial abierto que preocupa más al alcalde, tal y como volvió a reconocer ayer. Se trata del abierto por la Comisión Nacional de la Competencia, que no cuestiona apartados concretos de la ordenanza, sino la propia capacidad o competencia de un ayuntamiento (en este caso, el de Donostia) para regular los usos urbanísticos y la actividad de los pisos turísticos. La sentencia debería llegar en los próximos meses.

Por su parte, el grupo de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia denunció ayer la "huida hacia adelante" de PNV y PSE-EE con esta ordenanza y recordó que ya alertaron de su inseguridad jurídica. "Vino a flexibilizar implantación de pisos turísticos en Donostia, por lo que, de la noche a la mañana, cientos de pisos que antes eran ilegales pasaron a ser legales", denunció.

Sentencia. El TSJPV anula parte del artículo 8.4 del Plan General de Donostia (de 2010), que dice que una ordenanza puede reajustar la regulación de ese Plan General. La ordenanza de pisos turísticos, de marzo de 2018, se fundamente en ese artículo y por eso se anula.

Consecuencias. La sentencia no es firme y, por lo tanto, la ordenanza sigue en vigor hasta que lo sea. El Ayuntamiento prepara ya el recurso. Por otro lado, trabaja en modificar el Plan General para incorporar en él los criterios de la regulación de los pisos turísticos. En principio, estos cambios estarían aprobados antes de que llegue la sentencia firme, por lo que aunque se anulara la ordenanza para entonces existiría ya otra vía para regular los pisos turísticos.

Otros frentes. Hasta ahora la mayoría de fallos daban la razón al Consistorio en denuncias presentadas contra la clausura de pisos, pero una sentencia de diciembre definía como "nula de pleno derecho" la ordenanza por contradecir al Plan General, de rango superior.

Competencia. La Comisión Nacional de la Competencia también recurrió la ordenanza y cuestiona la propia competencia de los municipios para regular los usos turísticos de viviendas. La sentencia llegará en los próximos meses.