Donostia - La mujer, visiblemente nerviosa, se gira para dar gracias una y otra vez. Se siente sola, perdida. "Toda la vida pagando para que te echen a la calle", se dirige a las decenas de personas que le arropan, junto a la Delegación de Vivienda de Donostia. No es fácil dar la cara y exponerse públicamente para airear asuntos privados, pero resulta inevitable cuando una se ve en la calle. Victoria es una vecina de Benta Berri jubilada que lleva 22 años viviendo en el barrio, a la que ayer le hicieron saber que no está sola. La plataforma Stop Desahucios y Alokairu anunciaron que van a emplear todos los medios a su alcance, "incluyendo un piquete antidesahucio", en el caso de que el juzgado fije una fecha de lanzamiento para esta mujer que tiene una modesta pensión de 633 euros.
La cuenta atrás continúa para los vecinos de la promoción de viviendas UTE Benta Berri. Se trata de un régimen singular, una promoción en suelo público concertada con dos empresas privadas. Para ser viviendas de VPO, abonan una de las rentas más elevadas del Estado, en torno a 800 euros, y dentro de nueve años finalizan los alquileres tasados, por lo que dejan de ser viviendas protegidas y, aunque el suelo sea público, quedan en manos de promotoras privadas.
En este caso, de Testa Residencial Socimi, una de las compañías líderes en el sector de alquiler residencial en el Estado, que cuenta con una cartera de más de 10.600 viviendas. El problema para Victoria y sus vecinos es que el socio mayoritario de esta compañía es el fondo buitre de inversión estadounidense Blacktone, cuyas prácticas abusivas han sido incluso denunciadas por la ONU.
El contrato de alquiler para estos vecinos, a los que en su día se prometió que podrían optar a la compra de las viviendas, finaliza en 2028 y a partir de ese año los precios que abonan podrían dispararse, aunque en el caso de Victoria los problemas han comenzado mucho antes de que finalice la figura de protección oficial.
Al grito de Victoria se queda, o Ni un paso atrás, los desahucios de Benta Berri los vamos a parar, decenas de personas arroparon a esta "deudora de buena fe", que ha solicitado la posibilidad de que se le adjudique dentro de la misma promoción un apartamento más acorde a sus posibilidades económicas.
Esta mujer jubilada, que reside en Benta Berri desde 1998, solicitó una permuta. Abona actualmente 800 euros por tres habitaciones que no necesita, ya que vive sola. Avisó con tiempo de que se iba a jubilar, y que con ello cambiaría su situación económica, sin disponer de los ingresos suficientes. A este respecto, una de las reclamaciones que la asociación vecinal ha trasladado al Gobierno Vasco es que contacte con la UTE para que haga posible la permuta, ya que dentro de la misma promoción hay familias con dos hijos y una sola habitación, mientras que otros están deseando cambiarla porque les sobra espacio.
Representantes de organizaciones sociales y concejales del Ayuntamiento de Donostia de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, entre otros, estuvieron presentes ayer ofreciendo su apoyo a la mujer. La activista Rosa García, integrante de la plataforma Stop Desahucios, fue quien puso una vez más el grito en el cielo para denunciar "la actitud prepotente e intransigente del fondo buitre", y "la pasividad y falta de control" del Gobierno Vasco ante esta situación. Fuentes del Ejecutivo han reconocido que una vez vencido el plazo, "deberá abordarse la situación que se plantea", pero advirtiendo de que "se trata de la firma de un contrato legal con empresas privadas".
Entretanto, la portavoz denunció que la compañía de alquiler residencial no ha retirado la demanda contra Victoria, "ni tampoco le quiere adjudicar el apartamento que le venimos insistiendo que lleva vacío meses, y cuya renta sí puede pagar". Lejos de quedarse de brazos cruzados, la plataforma anunció que, además de emplear todos los medios a su alcance, van a mantener un pulso con esta compañía, y desde enero plantean que Victoria pague exclusivamente la cuota de los 450 euros correspondientes "al apartamento que por derecho tenían que haberle adjudicado".
García explicó a los medios que para ello cuentan con las resoluciones aprobadas a instancias de Stop Desahucios, tanto por las Juntas Generales como por el Ayuntamiento de Donostia, "que está haciendo lo que está en su mano, aunque todavía no hayamos conseguido resultados". Tanto el territorio como la capital guipuzcoana se han declarado libres de desahucios, comprometiéndose a intermediar con bancos y fondos de inversión para que los colectivos vulnerables no sean desalojados de sus viviendas.
Stop Desahucios denunció que además de las 540 familias que viven en pisos de alquiler social en el barrio donostiarra de El Antiguo, existen otras 314 viviendas de VPO en Irun, Lasarte-Oria, Errenteria, Tolosa, Zumaia y Arrasate cuyos alquileres protegidos también tienen "fecha de caducidad". Según alertó García, cuando finalice ese plazo, las empresas propietarias también podrían especular con los precios. "Esto es un aviso a navegantes. No podemos consentir que estás personas vivan con esa espada de Damocles, no podemos consentir estas situaciones con dinero público", alertó la portavoz.
