donostia - El Consejo de Gobierno Vasco autorizó ayer un gasto total de 472,5 millones de euros para cubrir el pago de las principales ayudas sociales -Renta de Garantía de Ingresos, Prestación para Vivienda y Ayudas de Emergencia- a lo largo del ejercicio 2020. La mayor parte de esta cuantía, el 78,3%, va destinada a abonar la RGI a las personas perceptoras y más de la mitad de esta partida para ayudas sociales, el 61,2% del total, corresponderá a Bizkaia.

La autorización anticipada del gasto presupuestado por el Gobierno Vasco para RGI, Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y Ayudas de Emergencia Social (AES) a lo largo del próximo año obedece a la propia naturaleza de estas ayudas, que en el caso de la Renta de Garantía y la PCV son prestaciones de abono mensual, “de manera que ha de garantizarse que el órgano encargado de la gestión y pago de la misma -el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo- disponga de los recursos económicos destinados a su financiación desde el mes de enero de 2020”, explicaron desde el Ejecutivo autonómico.

En el caso de la Renta de Garantía de Ingresos, el Gobierno Vasco ha previsto para todo 2020 un gasto total de 370 millones de euros -30,8 millones mensuales-, de los que 59,4 millones irán a prestaciones abonadas a personas residentes en Araba, 82,4 millones de euros para los beneficiarios de Gipuzkoa y 228,1 para los de Bizkaia.

Según las previsiones para el próximo ejercicio, de los 30,8 millones de euros que Lanbide abonará mensualmente a los perceptores de RGI, 19 millones se pagarán en Bizkaia, 6,8 en Gipuzkoa y 4,9 millones en Araba. Si a las prestaciones de la RGI se suman las destinadas a cubrir las necesidades relacionadas con los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual de las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, el desembolso mensual de Lanbide ascenderá a 37,5 millones de euros.

Las previsiones sobre la evolución de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a lo largo del año que viene indican que el gasto total será de 79,5 millones de euros, de los que 12,6 irán a Araba, 19,1 a Gipuzkoa y 47,6 millones a Bizkaia.

Al finalizar 2019, y a la espera de los datos correspondientes a diciembre, en la Comunidad Autónoma Vasca había unas 52.350 personas cobrando la RGI, de las que 24.478 percibían también la ayuda para vivienda. La evolución anual de perceptores de ayudas sociales ha sido descendente, con la excepción de un ligero repunte en el mes de marzo, y se observa una reducción de 2.500 beneficiarios entre enero y noviembre.

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer la orden de Ayudas de Emergencia Social (AES), para la garantía de ingresos y la inclusión social que se repartirán a lo largo del año que viene, con un importe de 23 millones de euros: 3,6 millones para Araba, 5,8 para Gipuzkoa y 13,5 para Bizkaia.

Dicha orden establece las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las AES, señala los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y fija el límite presupuestario que corresponde a cada uno de los territorios históricos y ayuntamientos de la CAV. Según explicó el Gobierno Vasco, en la orden “se establecen básicamente tres cuestiones relacionadas con la gestión de dichas ayudas: la cuantía máxima que se puede conceder para cada tipo de gasto contemplado en el decreto regulador (alquiler, hipotecas, energía, etc); los criterios de distribución entre todas las entidades gestoras y la asignación que corresponderá a cada entidad.

Territorios. De los 472,5 millones de euros en ayudas sociales que se abonarán en 2020, un total de 289,2 millones (el 61,2%) corresponden a Bizkaia, 103,7 millones (22,7%) a Gipuzkoa y 75,6 millones (16%) a Araba.

Ayudas. De la suma total destinada por el Gobierno Vasco a las tres principales prestaciones sociales, el 78,3% va para el abono de la RGI, el 16,8% para la PCV y el 4,8% para AES. Las dos primeras las gestiona Lanbide y la tercera los municipios.