Nadie podrá llevar a un rey español ante los tribunales, al menos en el Estado. Se ha dado un nuevo carpetazo a la discusión y, quizás, de manera definitiva. Los socialistas se han unido al PP para tumbar en la Mesa del Congreso la propuesta del PNV que pretendía poner límites a la inviolabilidad del rey, con la idea de que ese blindaje especial que impide que sea juzgado solo fuera aplicable a su actividad institucional, y no a la vida privada. Y esta vez parece la definitiva, en la medida en que la propuesta del PNV pretendía abrir un nuevo camino que no obligara a acometer una reforma constitucional imposible por las mayorías que exige, y también porque planteaba un sencillo itinerario que consistía en añadir un punto a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero ni siquiera por esta vía ha logrado hacerse camino.

PSOE y PP han cerrado la puerta al debate para revisar los privilegios de la Casa Real española y han arrojado la llave al fondo de las aguas de Sanxenxo, donde el emérito Juan Carlos de Borbón disfrutó de las regatas hace unos días sin hacer propósito de enmienda por sus negocios privados.

Ambos partidos han tumbado la propuesta escudándose en un informe de los letrados del Congreso, que no era vinculante (esto significa que el PSOE tenía la última palabra y podría haber ignorado este pronunciamiento), pero que les permite presentar como una decisión técnica lo que en realidad es una decisión política. En concreto, los letrados sostienen que la proposición de ley del PNV “invade la reserva constitucional”, es decir, que solo podría retocarse la inviolabilidad del rey a través de una reforma constitucional, del Título II de la Constitución española.

APELACIÓN A FELIPE VI

Teniendo en cuenta que la limitación de la inviolabilidad sería más bien aplicable al actual rey Felipe VI y no al emérito porque la interpretación general es que las reformas no se pueden aplicar con carácter retroactivo si perjudican al afectado, este frenazo sistemático al debate deja muy comprometido el discurso de Felipe VI sobre la transparencia o el supuesto cambio de rumbo que quiere marcar con respecto a la trayectoria de su padre. La renuncia a su herencia o el control del Tribunal de Cuentas quedan reducidos a gestos menores y cosméticos si no toca la columna vertebral de la impunidad monárquica.

¿VETO DE ZARZUELA A SÁNCHEZ?

El PSOE vuelve a quedar a la cola en los debates sobre la regeneración democrática, como ha ocurrido con la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Y sobrevuela la sensación de que existe un veto de La Zarzuela, una línea roja, que impide a Sánchez avanzar en ese sentido. Algo no cuadra. Sánchez había apostado por retirar la inviolabilidad, pero meses después la cuestión no se ha movido con el argumento de que el PP frenaría una reforma constitucional. Ahora que se propone otra vía, tampoco se acepta. Las tumba todas.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dejó caer que la actual Casa Real “tiene mucho que decir, y seguramente no quiere mover nada”. “Si lo que pretende la propia Zarzuela es quedarse anquilosada, no va a tener ningún futuro”, avisó en Radio Euskadi, para añadir también que el PSOE se hace un “flaco favor”. Desde EH Bildu, Jon Iñarritu también puso el dedo en la llaga en Twitter al lanzar que “el PSOE defendía retirar la inviolabilidad al rey hasta que la Casa Real le dijo que no”.

UNIDAS PODEMOS APOYA LA PROPUESTA DEL PNV

De hecho, Unidas Podemos, socia del PSOE en el Consejo de Ministros, secundó la propuesta del PNV en la Mesa del Congreso. A última hora del día, en un mitin en Andalucía, la ministra Belarra cargó contra la "vergüenza" que supone que los socialistas hayan tumbado la iniciativa. Vox comparte el criterio de PSOE y PP pero este martes no estuvo presente en la reunión. La propuesta no ha sido admitida a trámite, pero el debate político y social sigue vivo. El PDeCAT, por ejemplo, retó a los socialistas a emprender la reforma constitucional si no ven margen para abordar el asunto desde una proposición de ley.

TRES ARGUMENTOS A FAVOR DEL PNV

El muro que han levantado los principales poderes del Estado para proteger al rey parece impenetrable. El PNV había llevado una proposición de ley posibilista, que no pretendía retirar toda la inviolabilidad ni derogarla (lo que sí hubiera planteado la necesidad de una reforma constitucional), sino que proponía añadir un punto dos al artículo 55 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. El objetivo era añadir que los jueces del Supremo “también conocerán de las acciones civiles y penales dirigidas contra el rey o reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la jefatura de Estado”.

Es un asunto donde hay debate jurídico y hay tres argumentos que, como mínimo, permitían conceder el beneficio de la duda al PNV: algunos juristas creen que los actos del rey que refrenda el Consejo de Ministros solo pueden ser por lógica los actos institucionales y no su vida privada, durante la redacción de la Constitución española no se debatió el blindaje de los actos privados y por lo tanto queda abierta la posibilidad de regular este punto en una ley posterior, y el Estado español ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional que prevé la responsabilidad penal de los jefes de Estado.

Esteban cuestionó también el rigor de la decisión de los letrados. Dijo que “informe” como tal no hay, porque se supone que es algo trabajado y con varias páginas, y el presentado se limita a citar los artículos de la Constitución y a zanjar que “no se puede”. Por otro lado, la lectura de los letrados en el sentido de que no se puede tocar la inviolabilidad vía ley, en teoría, tendría que haberla realizado el Tribunal Constitucional, que es el órgano al que corresponde decidir si una iniciativa es constitucional o no.