El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el expresident Carles Puigdemont han compartido este miércoles su preocupación ante el caso de espionaje político a independentistas y han coincidido en denunciar la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto.

Aragonès y Puigdemont se han reunido este miércoles por la tarde por espacio de una hora y cuarto en el despacho que tiene como eurodiputado el expresidente catalán en el Parlamento Europeo.

Durante su encuentro, han dedicado la mayor parte del tiempo a hablar del caso de escuchas a través del programa de ciberespionaje Pegasus, así como de la "situación judicial" de Puigdemont y del "resto de los exiliados", según ha explicado la oficina del presidente de la Generalitat en un comunicado.

Ambos han compartido su "preocupación por este escándalo democrático que afecta directamente" a los dos, ya que tanto Aragonès como personas del entorno de Puigdemont recibieron ciberataques a sus móviles a través de Pegasus.

En este sentido, han puesto en valor "la importancia de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus", han destacado el "gran eco internacional que está teniendo" esta cuestión y han denunciado "la inacción del Gobierno español a la hora de dar explicaciones y asumir responsabilidades".

Puigdemont ha aprovechado asimismo el encuentro para compartir con Aragonès el estado de su situación judicial y los próximos pasos que prevé dar, según la estrategia marcada con sus abogados.

Precisamente la Eurocámara no ha conseguido finalizar el proceso de verificación de credenciales de los tres eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, así como del diputado de ERC Jordi Solé, porque no han recibido la notificación pertinente y la documentación necesaria de la Junta Electoral Central española.

Los tres miembros de JxCat y el de ERC nunca acudieron a la Junta Electoral para jurar su cargo y entregar dicha documentación. La situación actual de los cuatro eurodiputados permanecerá sin cambios hasta que la JEC aclare su situación legal.