- El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha revocado la resolución que dejó a un paso de juicio a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por la supuesta adjudicación irregular de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y le da más tiempo para defenderse. Así lo acordó la sala civil y penal del Alto Tribunal catalán en un auto en el que estima el recurso en el que la dirigente de Junts denunciaba que la resolución del 14 de marzo en la que el juez del TSJC Josep Seguí acordó dar por finalizada la instrucción le causó “indefensión” porque no había tenido suficiente tiempo para estudiar la última documentación aportada en la causa. Ahora dispondrá de quince días de plazo para que pida al magistrado lo que crea conveniente en el marco de esta causa, en el ejercicio de su derecho de defensa.

La resolución ahora revocada era el trámite judicial previo a enviar a juicio a Borràs por los delitos de prevaricación, fraude administrativo, malversación y falsedad en documento mercantil, lo que abría la vía a la posible aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé suspender de forma inmediata a los diputados que se sienten en el banquillo por delitos vinculados a la corrupción, aunque no haya sentencia firme. Un escenario donde las relaciones entre ERC y JxCat podrían resultar más dañadas si los republicanos se decantan por seguir a pies juntillas el reglamento.

Borràs, que siempre ha alegado que no se le puede aplicar este artículo porque cree que su causa tiene motivaciones “políticas” y no judiciales, recurrió el auto que la dejó a las puertas de juicio, al considerar que había sufrido “indefensión”, ante lo que la Fiscalía se posicionó a favor de que se admitiera su recurso. La defensa de Borràs señalaba que el pasado 5 de febrero se incorporaron a la causa varios CD remitidos por el juzgado de instrucción 9 de Barcelona --que fue el que abrió la causa y la remitió al Supremo cuando la ahora presidenta del Parlament fue elegida diputada de JxCAT en el Congreso-, cuya copia no les facilitaron hasta el día en que el magistrado del TSJC la dejó en puertas de la vista oral. La sala civil y penal reconoce que los “escasos siete días” transcurridos entre la recepción de toda esta nueva documentación y el dictado del auto de finalización de la instrucción “no respetan el contenido esencial del derecho de defensa de los investigados”, ya que en la práctica no se les ha permitido examinarla con la “antelación necesaria” para ejercer la defensa.

En este sentido, la sala subraya que las defensas podrían haber confiado en que podían esperar a recibir una copia en formato digital de esta documentación, si bien esta no les fue entregada hasta después de que el juez diera por finalizada la instrucción. El TSJC invoca una directiva de la Unión Europea que remarca que la llegada de más pruebas materiales en un procedimiento judicial ha de poder ser examinada por el investigado “con la debida antelación”. Por el contrario, la sala rechaza que en este procedimiento se haya vulnerado la presunción de inocencia de Borràs, como denunciaba la presidenta del Parlament.

El requerimiento de Llarena. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra hoy la vista sobre uno de los dos casos que determinarán el futuro judicial de Carles Puigdemont. En concreto, la justicia europea abordará las preguntas que le planteó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre los motivos por los que se puede rechazar una euroorden. Una serie de cuestiones prejudiciales que Llarena elevó al TJUE después de que la justicia belga rechazara el año pasado entregar al exconseller Lluís Puig, que se exilió en Bruselas en 2017 junto a Puigdemont. El Tribunal de Apelación de Bruselas denegó la entrega por considerar que el TS no tiene competencias para emitir la euroorden. Rechazó también la extradición al entender que España podría violar los derechos fundamentales de Puig, especialmente la presunción de inocencia. El TJUE no emitirá hoy su decisión, sino que escuchará a las partes.