La Policía tendrá que notificar el uso de cámaras en protestas

Si bien se ha aplazado a una nueva sesión el 1 de marzo el debate de los puntos más polémicos, como el uso de pelotas de goma como material antidisturbios o las devoluciones en caliente, ha habido consenso en la Cámara Baja sobre otros puntos de la norma a reformar. Así, los grupos han acordado que las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que informar del uso de videocámaras para grabar a personas y lugares, como en el caso de protestas y manifestaciones; unas grabaciones que posteriormente deberán ser custodiadas y podrán ser solicitadas por las autoridades judiciales.

Según informan a Efe fuentes parlamentarias, en la ponencia se ha conseguido avanzar en diez preceptos. Entre los cambios más significativos está dicha modificación del artículo 22 referido al uso de videocámaras por parte de los agentes en sus actuaciones policiales. Los grupos han coincidido en dotar su uso de mayores garantías para el ciudadano, tal y como solicitaba una enmienda de Unidas Podemos que no estaba incluida en el paquete de cambios pactado con el PSOE y que ha sido apoyada por todo el bloque que conforma la mayoría de investidura.

Registros corporales

Otro de los cambios en los que ha habido acuerdo es en la regulación de los cacheos o registros corporales policiales, un cambio en el artículo 20 que ya estaba previsto en 2019, cuando la reforma impulsada por los jeltzales se vio truncada por la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

La nueva norma determinará que esta práctica solo se podrá hacer cuando existan “indicios concretos y comprobables” y, cuando impliquen dejar a la vista parcialmente el cuerpo de la persona, deberá realizarse en lugares donde se preserve la intimidad del ciudadano, fuera de la vista de terceros.

Finalmente, se ha dado el visto bueno a la modificación del artículo 30.2 relativo a la ampliación de garantías y derechos de menores infractores.