Mientras ha estado en vigor su procesamiento por delitos de lesa humanidad, Rodolfo Martín Villa ha permanecido en un silencio asustado, sin apenas hacer declaraciones que pudieran estimular a la jueza María Servini para acelerar el juicio. Ahora, cuando la Justicia argentina ha acordado revocar el procesamiento, al ex gerifalte franquista se le ha soltado la lengua y en un desayuno informativo dijo que vale, que “pudo ser responsable político y penal” de los homicidios y torturas cometidos en los años 70. Más chulo todavía, añadió que “pudo ser incluso autor material” de aquellos crímenes, pero que no existió “un plan sistemático, deliberado y generalizado” para eliminar a los contrarios políticos. O sea, que le tiene sin cuidado lo que la jueza Servini le atribuya.

Quizá sea necesario, primero, detallar el currículum específicamente franquista del personaje. Afiliado a Falange Española y de las JONS (1962-1977), Jefe Nacional del SEU, sindicato falangista de estudiantes, (1962-1964); procurador en las Cortes franquistas (1964-1977); ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976 y ministro del Interior (1976-1079). Ya en democracia, fue senador por designación real (1977-1979), ministro de Administración Territorial (1980-1981, vicepresidente primero /1981-1982) y diputado por León (1989-1997). Datos, todos ellos, tomados de Wikipedia, enciclopedia libre que le atribuye curiosamente el apodo de La Porra de la Transición. Tras este carrerón político, se sumó a las puertas giratorias como alto cargo de Endesa.

Este es el hombre que ahora fanfarronea dejando en el aire si tuvo o no tuvo que ver en los crímenes de lesa humanidad que investiga la jueza Servini, quien le imputa responsabilidades en episodios tan siniestros como los asesinatos del 3 de marzo en Gasteiz, los sanfermines del 78 o la matanza de los abogados de la calle Atocha en Madrid. Martín Villa, que ahora deja provocador en el aire si tuvo o no que ver en aquellas atrocidades, saldrá de rositas como salió el policía torturador Billy el Niño, gracias al ataque de amnesia colectiva provocado por el ruido de sables y las prisas por ejercer la política que llamaron Transición.

Ha transcurrido mucho tiempo, pero los delitos de lesa humanidad no prescriben y Martín Villa debería haber sido sometido a juicio. No obstante, y en base a ese evanescente espíritu de la Transición aunque hoy día no se oye ningún ruido de sables, es necesario tomar nota de quienes desde la primera hora y desde la altura suprema de sus cargos políticos decidieron correr un tupido velo sobre los atropellos cometidos en la dictadura y por la dictadura. Esa actitud desmemoriada y pusilánime ha sido conducta habitual de todos los gobiernos -PSOE y PP- y de sus más altos representantes políticos en los últimos 45 años. Como si nada hubiera ocurrido y viva la Constitución. Pero aún más decepcionante es el contenido de las cartas enviadas el 1 de septiembre de 2020 a la jueza María Servini por insignes representantes de la clase obrera como el sempiterno dirigente de UGT Nicolás Redondo, el ex secretario general del mismo sindicato Cándido Méndez y los ex secretarios de CCOO Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo en las que ensalzaban el papel de Martín Villa como “constructor de la paz y la democracia en España”. Por supuesto, puede alardear de sus hazañas y no arrepentirse de ellas porque se sabe impune, porque sobre su impunidad y la de muchos otros notables del franquismo se ha construido la actual democracia española.