- El PP hará finalmente casus belli con el reparto de los fondos procedentes de la Unión Europea para hacer frente a los efectos de la pandemia y, tras el paso adoptado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de recurrir dicha distribución ante el Tribunal Supremo, el próximo podría ser el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Así lo desveló ayer el presidente gallego, que explicó que en diciembre su Ejecutivo remitió al Gobierno español un requerimiento en relación con ese reparto, del que están a la espera de respuesta. Si esta no llega o es “negativa”, Galicia seguirá los pasos de la capital del Estado y acudirá a la Justicia.
El Gobierno de Ayuso denunció en concreto la concesión de nueve millones de euros a la CAV, Navarra, la Comunidad Valenciana y Extremadura. Sin embargo, el Gobierno español aclaró ayer que esa cantidad no procede de los fondos europeos sino del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Su finalidad será sufragar programas de formación e inserción laboral, por lo que, según Moncloa, el PP está vinculando “interesadamente” dos aspectos que no tienen nada que ver.
Si Ayuso dio el pistoletazo de salida y Feijóo fue el primero en subirse a su senda, el resto de barones autonómicos del PP hicieron lo propio a lo largo de la jornada, lo que incluye a Castilla y León, Murcia y Andalucía. Así, el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que no descarta llevar al Gobierno a los tribunales por el reparto “ideológico y de afinidad” de estos fondos. Ayer mismo, la Junta de Castilla y León envió un requerimiento previo a la vía judicial para exigir a Moncloa un reparto “homogéneo” de los mismos.
La portavoz del Ejecutivo de Murcia aseguró que esta comunidad continuará con “acciones legales y denuncias públicas” por lo que calificó de “reparto a dedo”. Y el presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, advirtió de que también contempla acudir a los tribunales si se produce un “menoscabo” en los recursos para Andalucía en ese reparto.
La queja llegó también desde los ayuntamientos, como el de Madrid, donde su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también se plantea un recurso y dijo que ve razonable que se denuncie la “arbitrariedad” en la distribución de las ayudas.
El propio presidente del PP, Pablo Casado, avaló esta ofensiva al defender que haya comunidades y municipios gobernados por su partido que se movilicen e incluso recurran a los tribunales la “discrecionalidad” y el “reparto a dedo” de los fondos europeos porque, a su entender, lo que está ocurriendo “es un escándalo” que “puede llevar a la corrupción”. Recordó que el PP planteó crear una agencia independiente para llevar a cabo ese reparto con “transparencia” como han hecho Grecia o Italia. “El Gobierno no quiso, lo quería repartir a dedo. Eso es clientelar”, zanjó.
Ataque al interés general. La portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, dijo que Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, que “tanto rivalizan, al final son iguales, atacan el interés general del país sin complejos”. Entrevistada en Telecinco, añadió que “quien cuestiona al Gobierno de España en el despliegue de estos fondos está cuestionando a la Unión Europea” y avaló la “transparencia” de esta actuación, al tiempo que acusó al PP de estar en “el boicot permanente y el negacionismo total”.
