Sortu ha mostrado este martes su "apoyo y solidaridad" al ex jefe de ETA Mikel Albisu, 'Mikel Antza', que ha comparecido por vidoconferencia, desde los juzgados de Donostia, por su presunta implicación en el asesinato del teniente de alcalde de la capital guipuzcoana Gregorio Ordóñez (PP) el 23 de enero de 1995.

Albisu ha comparecido a petición del juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal por su supuesta participación en crimen del dirigente popular.

Al llegar a los juzgados, varios miembros de la formación abertzale le han esperado a las puertas de la sede judicial, donde se han concentrado con una pancarta en la que se leía: 'Konponbidea eta bakea' (solución y paz', y "Mikel Albisu gurekin (Mikel Albisu con nosotros)".

Entre los integrantes de Sortu, a los que se han sumado algunos de EH Bildu, que han recibido a 'Antza' entre aplausos, se encontraban el miembro del Consejo Nacional de Sortu Aimar Altuna, Rufi Etxeberria, José María Olarra, Reyes Carrere o Iñaki Alegria.

En declaraciones a los periodistas, Altuna ha señalado que, con esta concentración, pretendían denunciar la imputación de Mikel Albisu y mostrarle su "solidaridad y apoyo". "Hoy, diez años después de la declaración de Aiete, la izquierda independentista ha dado pasos, está dando pasos y seguirá dando pasos hacia la paz, la convivencia y para una solución democrática con el conflicto que tenemos con el Estado", ha señalado.

A su juicio, "por contra, los que siempre, siguen intentando obstaculizar ese camino". "Por tanto, lo decimos alto y claro, que en este pueblo la paz, la convivencia y la solución necesita que Mikel esté con nosotros para que, entre todos, podamos construir un pueblo que pueda vivir en paz y en libertad", ha añadido.

El juez le prohíbe salir del Estado

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha prohibido a Antza salir del Estado español, y le ha advertido que si incumple esta medida se dictará su ingreso en prisión.

El magistrado también ha acordado la retirada de su pasaporte y la designación de un domicilio en el Estado español tras tomarle declaración en el marco de la causa en la que se le investiga por su posible responsabilidad en el atentado como miembro del "comité ejecutivo" de la banda entonces.

Un crimen del que Antza se ha desvinculado tanto ante el juez como en declaraciones a los medios.

Aunque en su comparecencia ha rechazado contestar a ninguna pregunta, ha subrayado que ya fue condenado en Francia a 20 años de prisión por asociación de malhechores y ha cuestionado las acusaciones por estar basadas, ha dicho, en manipulaciones y torturas, informan a Efe fuentes jurídicas.

Ante los medios Antza ha abundado en esta cuestión y ha mantenido que toda esta situación responde a "un ataque de aquellos que se oponen a la consecución de una Euskal Herria libre y pacífica".

En su auto, el juez acepta "como fiables y verosímiles indiciariamente todos aquellos elementos relacionados", entre otras cuestiones, con "la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión" de ETA para cometer un atentado y "el relevante papel desempeñado" por Antza en el comité ejecutivo de la banda, "en relación con las órdenes" para asesinar a Ordoñez, "recopilada fundamentalmente en la documentación" incautada a miembros de ETA.

Y dada "extraordinaria gravedad del delito que se le imputa" y las penas a las que podría enfrentarse, el juez no ve irracional que pudiese eludir la Justicia, razón por la que ha adoptado las citadas medidas cautelares.

Lo ha hecho siguiendo el criterio de la acusación ejercida por asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia, AVT, el PP o la acusación particular. La Fiscalía ha reclamado la designación de un domicilio para que esté localizable.

En representación de la viuda y el hijo de Ordóñez ha intervenido el letrado Rubén Múgica, que ha reclamado ante los medios "un empeño redoblado para que quienes fueron jerarcas y capos de la organización criminal sean juzgados y condenados" también por "inducir a la perpetración de los asesinatos".

Una demanda similar que la de la veintena de víctimas que se han concentrado a las puertas de la Audiencia Nacional en una convocatoria impulsada por Dignidad y Justicia, cuyo portavoz Daniel Portero ha advertido de que están "en período de descuento de muchos asesinatos sin resolver", que la asociación cifra en 375.