Dejando de lados sus “diferencias ideológicas”, 70 cargos y ex cargos electos de Aretxabaleta han reivindicado la “necesidad de justicia, reparación y memoria para todas las víctimas” en una declaración conjunta en la que también piden un “cambio en la política penitenciaria” para los presos de ETA.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), representantes de PNV, EA, Aralar, Herri Batasuna (más tarde Euskal Herritarrok), Ezker Batua, Alternatiba, EH Bildu y PSE-EE, que han ejercido -y ejercen- el cargo de alcaldes y concejales han suscrito una declaración en la que muestran su voluntad de avanzar en la convivencia del municipio y, para ello, abogan por “reparar el sufrimiento y dolor creado en el pasado”.

“Hoy dejando de lado nuestras diferencias ideológicas y de una manera estrictamente personal queremos hacer nuestra aportación a la convivencia en nuestro pueblo”, manifestaron Xabier Sarasua (edil de Aralar en la legislatura 2007-2011) y Ainhoa Cabero (actual concejala jeltzale), que dieron lectura el pasado viernes al texto que han respaldado 70 del centenar de cargos y ex cargos electos de Aretxabaleta (salvo del PP) vivos desde la Transición.

Junto al monolito por los Derechos Humanos que preside la plaza Iturrizar, recordaron que la sociedad vasca “lleva mucho tiempo” solicitando un cambio de la política penitenciaria. “El atxabaltarra Garikoitz García lleva once años encarcelado. El pasado mes de noviembre fue acercado a la prisión de Zaballa terminando así con el castigo añadido a familiares y amigos que supone la política de alejamiento”, declararon los firmantes del texto, en el que denunciaron “la aplicación a las presas y presos vascos de una política de excepción continua vigente, impidiéndoles avanzar por el camino que permite la ley penitenciaria”.

En este sentido, exigieron la progresión de grado penitenciario que permita “a los presos y presas progresar del segundo a tercer grado, obtener permisos para trabajar, especiales de salida…; en definitiva, lo que reivindicamos es la aplicación de la ley ordinaria que se aplica al resto de la población reclusa”, insistieron en la citada declaración, en la que llaman a “mirar al futuro”. “Tenemos claro que de la mano de la implicación y el compromiso de la sociedad e instituciones lograremos la consecución de una resolución y una paz justa y duradera”, sentenciaron.