Las defensas de los cuatro acusados de integrar el frente jurídico de ETA, conocido como 'caso Halboka' o sumario 13/13, han pedido de nuevo la nulidad del juicio por supuestas irregularidades o, en su defecto, una sentencia que les "ayude a avanzar" hacia la "convivencia" en una sociedad "más justa, en paz y mejor para todos".
Así lo han manifestado este miércoles en la Audiencia Nacional al exponer sus informes finales en el juicio por esta causa. La abogada de Naia Zuriarrain, una de las procesadas, ha defendido esa idea tras destacar que "la izquierda abertzale está aceptando y planteando cosas encima de la mesa". "Estamos empezando a caminar. Nos está costado mucho avanzar y construir una situación diferente de convivencia", ha añadido la letrada Jone Goirizelaia.
En el banquillo se sienta Arantza Zulueta, para quien el fiscal José Perals pide 19 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista en condición de dirigente y otro por depósito de armas y explosivos, al serle encontrada en el despacho la ubicación de dos zulos. El fiscal elevó a definitiva su solicitud de entre 7 y 12 años de prisión para los abogados Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, así como para dos supuestas colaboradoras de ETA, Saioa Agirre y Nerea Redondo.
Asimismo, la defensora de Naia Zuriarrain ha afirmado que algunas de las imputaciones que pesan sobre su representada y el resto de acusados se obtuvieron bajo torturas de la Guardia Civil como denunciaron Zuriarrain y Saioa Aguirre durante sus interrogatorios.
En su informe, el abogado de Zulueta y Enparantza, Alfonso Zenón, ha pedido al tribunal la nulidad del juicio, defendiendo que la intervención del CNI en la causa es "de importancia nuclear". Así, ha remarcado que las imputaciones a los acusados, basadas en la relación de alias con su identidad, provienen de supuestas escuchas telefónicas ilegales que llevaron a cabo los agentes de Inteligencia. "El CNI no puede investigar un hecho penal y lo ha hecho", ha subrayado el letrado para pedir la nulidad de dichas imputaciones.
Según Zenón, agentes de Inteligencia también participaron en las detenciones y registros en los despachos de algunos de los procesados, por lo que ha denunciado que su testifical no haya sido admitida por el tribunal presidido por Ángela Murillo. Además, ha reiterado que este procedimiento se trata de "cosa ya juzgada" porque sus dos representados y otros acusados ya fueron condenados por pertenencia a ETA por su labor en el colectivo de abogados de presos de la organización, conocido como KT.
A su juicio, tampoco existió la interrupción de la supuesta integración en ETA durante la estancia de los procesados en prisión provisional. "No son fases ni delitos distintos, es lo mismo", ha añadido. En cuanto a sus defendidos, ha destacado que "no ha quedado acreditado" que los dispositivos en los que se hallaron los documentos sobre comunicaciones de los alias Marxel, Bixer -asociados a Zulueta-, Mik Mik y Anna -relativos supuestamente a Enparantza- fueran propiedad de los acusados pese a que la Guardia Civil los encontró en sus puestos de trabajo.
En caso de una sentencia condenatoria, las defensas han solicitado al tribunal que ésta no supere los 18 meses de prisión. Como ya hicieron en el trámite de cuestiones previas, también han referido presuntas dilaciones indebidas en la causa, cuyo origen se remonta al año 2010.
