CAN, las dietas que colmaron el vaso de la indignación

La noticia cayó como una bomba de relojería en aquel otoño de 2011, que se presumía caliente. La crisis económica había vuelto a golpear con fuerza en la Comunidad, que en octubre contabilizaba 44.771 parados (13.000 más que en la actualidad), después de que solo en un mes otras 2.153 personas hubieran perdido su puesto de trabajo.

Al frente del Servicio Navarro de Empleo estaba el actual presidente de UPN, Javier Esparza, quien tenía dificultades para explicar el deterioro del mercado laboral, que trataba de justificar con el “final de las campañas de verano”.

El malestar ciudadano ante una crisis que cumplía ya su tercer año seguía creciendo. Los trabajadores públicos sufrían recortes históricos -en mayo de 2010 se les había bajado el sueldo un 5% y en diciembre de 2012 se iban a quedar sin la paga extra-, que también afectaban a buena parte de los empleados en empresas privadas, que sufrían recortes en sus salarios y en sus plantillas.

Vivíamos, por lo tanto, en un contexto de crisis generalizada de la que los entonces principales dirigentes de UPN habían escapado a hurtadillas. Aprovechando el proceso de integración de Caja Navarra en Banca Cívica, en la primavera de 2010 se había creado la Junta de Entidades Fundadoras. Se trataba de un órgano meramente consultivo donde tenían asiento reservado dos miembros del Gobierno foral (el presidente y el consejero de Economía) y dos del Ayuntamiento de Iruñea (la alcaldesa y la teniente de alcalde), además de los cuatro que designaba el Parlamento en una elección que pactaban UPN y PSN.

Las retribuciones que recibían estos ocho cargos públicos por asistir de oyentes a reuniones que en ocasiones duraban poco más que un suspiro eran muy generosas: 1.717 euros, salvo en el caso del presidente, que ascendían a 2.680. Sanz, además, se había garantizado un puesto en esta Junta hasta cumplir los 75 años. Cuando se creó este órgano tenía 58 años, por lo que pensaba permanecer al menos 17 años.

El jugoso cobro de dietas que se embolsaban algunos cargos políticos por pertenecer a distintos órganos de la Caja tradicionalmente se había tratado con discreción, pero se conocía su existencia.

No ocurría lo mismo con la denominada Comisión Permanente. Un órgano oculto al que solo pertenecían el presidente Miguel Sanz, el consejero de Economía, Álvaro Miranda, y la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, que celebró su primera reunión el 31 de agosto de 2010.

A este selecto club se sumó Enrique Maya al acceder a la Alcaldía tras las elecciones de mayo de 2011 y se mantuvo Sanz, que ya tenía pactada su participación hasta los 75 años en la Junta de Entidades Fundadoras, pero que también conservó su puesto en la Comisión Permanente con la dieta de 2.680 euros, pese a que en julio de 2011 había dejado de ser presidente del Gobierno.

En aquel momento, componían la Junta de Entidades Fundadoras la presidenta del Gobierno (Yolanda Barcina), los dos vicepresidentes (Roberto Jiménez y Álvaro Miranda), el alcalde de Pamplona (Enrique Maya), su primera teniente de alcalde (Ana Elizalde), el expresidente del consejo de la Caja Navarra (Miguel Sanz) y tres personas nombradas por el Parlamento foral (Alberto Catalán, Carlos García Adanero y Samuel Caro).

No fue, sin embargo, hasta el 9 de octubre de 2011 -casi catorce meses después de su constitución- cuando se conoció la existencia de la Comisión Permanente. La información publicada por Diario de Noticias no dejó indiferente a nadie, como pudo comprobarse en las redes sociales, donde el malestar fue tremendo.

Solo dos días después, Álvaro Miranda contribuyó a incrementar la polémica al defender este opaco sobresueldo como parte de su salario. “Me extraña el alboroto, el cobro de dietas siempre ha sido así”, dijo al ser abordado por numerosos periodistas antes de asistir a una comisión parlamentaria.

Las explicaciones del consejero de Economía no solo no convencieron a nadie, sino que el clamor ciudadano fue tan elevado que Barcina, solo tres días después, se vio en la obligación de renunciar al cobro de estos sobresueldos. Roberto Jiménez (PSN) fue un poco más lejos y solicitó suprimir las generosas dietas que existían en todas las empresas públicas.

No se detuvo, sin embargo, la presión mediática y social por unos sobresueldos que nadie veía justificados. La propia Caja Navarra reaccionó y el 22 de octubre anunció que la Comisión Permanente quedaba suprimida, aunque mantenía la Junta de Entidades Fundadoras y la dieta de 1.717 euros por asistencia.

Los acontecimientos relacionados con las dietas se sucedieron. El 7 de noviembre de 2011, en plena campaña electoral de las elecciones generales del 20-N que ganó Mariano Rajoy, el Gobierno de Barcina decidió subirse el sueldo para compensar la renuncia forzada a las dietas.

No había pasado ni un mes desde que se había conocido el cobro de dietas que colmaron la indignación social, y la presidenta y todo su Gobierno optaron por mejorarse sus ingresos. En concreto el incrementa del salario de Barcina fue de 23.178 euros (un 33%), el de los vicepresidentes creció el 25% y el del resto de consejeros, un 18%.

La retribución oficial de Yolanda Barcina pasó a ser en 2012 de 92.712,61 euros brutos -superior a lo que percibía el presidente español Rodríguez Zapatero- gracias a un nuevo complemento denominado de “responsabilidad” fijado para todos los altos cargos del Ejecutivo.

El aumento salarial también benefició a los dos vicepresidentes, Roberto Jiménez y Álvaro Miranda, que pasaron a cobrar 80.679,03 tras una subida de 16.135,81 euros; y a los consejeros, que ganaban 75.933,20 euros, un salario superior al que hoy tiene Chivite.

Como corolario, cabe decir que el Gobierno de Nafarroa, que había renunciado a las dietas a regañadientes, presentó este aumento como una “reducción salarial del 43% para la presidenta”.

La Comisión Permanente de Caja Navarra se diseñó a medida para Barcina, Sanz, Mirada y Maya, los cuatro dirigentes de UPN

La presidenta Barcina se subió su sueldo un 33% y pasó a ser de 92.712,61 euros brutos, superior a lo que percibía Rodríguez Zapatero