- La búsqueda de un nuevo marco de relación entre el Estado español y Euskadi promete marcar el nuevo curso político y ayer se coló en la Cámara vasca, donde PNV y EH Bildu contrastaron sus posturas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, considera que es “posible avanzar” hacia un nuevo estatus con un acuerdo que “refleje la pluralidad” del Parlamento Vasco “para que después la sociedad, mediante un referéndum, decida”. Pero la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, está preocupada por el hecho de que el término derecho a decidir haya “quedado fuera de los discursos” de Urkullu, lo que a su juicio refleja una rebaja en la ambición soberanista. “¿Vamos a hacer algo por debajo del Estatuto político del lehendakari Juan José Ibarretxe o vamos a defender los grandes retos que tiene la ciudadanía?”, preguntaba Iriarte, antes de reclamar al lehendakari que no protagonice “una nueva chapuza” que cierre en falso este debate.

Urkullu se aferró al pragmatismo al recordar en su respuesta que el derecho a decidir “no está regulado jurídicamente” y que la Ley vasca de Consultas ya fue tumbada en el Tribunal Constitucional, por lo que instó al Parlamento a “acordar una articulación jurídica para dar un cauce efectivo y con garantías a las demandas de la ciudadanía”.

En busca de ese acuerdo, el jeltzale apostó por buscar un proyecto que “refleje la pluralidad” convencido de que para poder avanzar en materia de soberanía y autogobierno es necesario “huir de definiciones maximalistas del derecho a decidir” y buscar acuerdos institucionales y políticos que culminen con éxito transitando por cauces legales. Es el momento de “evitar especulaciones y pasar a concreciones”. “En este tiempo yo no he visto ninguna decisión que rompa ese ordenamiento jurídico porque históricamente la relación entre los territorios forales y el reino de España se basa en un pacto para hacer efectiva esa soberanía compartida”, sostuvo un lehendakari que pidió a la portavoz de EH Bildu que “no desprecie estos conceptos”. La “clave” de la “singularidad institucional” vasca, recordó, es “contar con un sistema de garantía bilateral”.

Iriarte, quien trajo ayer este debate a la Cámara, quiso aumentar el marcaje al PNV recordando al lehendakari que sus formaciones alcanzaron en la pasada legislatura un principio de acuerdo en torno a las bases sobre las que debiera sustentarse un eventual nuevo estatuto político con el que busca comprometerle.

La portavoz de la coalición aber-tzale subrayó que aquel pacto ya era un reflejo de la “pluralidad”. Y, apercibida de que cuando el lehendakari habla de ese concepto pueda estar pensando en sumar a Podemos o al propio PSE, advirtió a Urkullu de que esa búsqueda de “pluralidad” no debe significar que se dote de “derecho a veto” a determinadas formaciones para que bloqueen la reforma del marco de autogobierno.

En los últimos cinco años EH Bildu ha pasado de reivindicar “la “unilateralidad inmediata a la bilateralidad pactada”, subrayó Urkullu, tratando de resintonizar con la izquierda abertzale en un tema que promete ser recurrente.

Sin embargo, la jornada en el Parlamento dio para que el lehendakari se pronunciara sobre otras cuestiones, entre las que destacó la relación de su Gabinete con un poder judicial con el que ha chocado en la aplicación de varias medidas aprobadas para luchar contra la pandemia.

El lehendakari denunció que las “dilaciones” y “contradicciones” emanadas del poder judicial han entorpecido la lucha contra el coronavirus. Urkullu respondía así a PP+C’s, que llevó a la Cámara la polémica generada con algunas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que han anulado varias de las medidas aprobadas por el Ejecutivo. “Ni una sola reflexión ni rectificación; se han limitado ustedes a cargar contra jueces sin recurrir las decisiones que tanto critican”, censuró el popular Carlos Iturgaiz.

“Meses después” estamos “a la espera de sentencias”, respondió Urkullu, antes de aclarar que ni él ni ningún otro miembro del Gobierno Vasco “ha atacado personalmente a ningún juez ni ha deslegitimado a la judicatura”. Aunque, matizó, el respeto y cumplimiento de las resoluciones judiciales “es compatible en democracia con el ejercicio de una crítica razonada”.

Dos son los argumentos que recordó para fundamentar su crítica. Que “la aplicación de medidas idénticas ha obtenido resoluciones diametralmente opuestas en diferentes tribunales autonómicos”. Y que toda decisión que ha adoptado su Gobierno se ha basado en los dictámenes de una comisión científico-técnica cuyo criterio “debe tener un valor”. “También en el ámbito judicial”, subrayó.

En este sentido, y en referencia a las polémicas afirmaciones del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, Luis Ángel Garrido, que en febrero dijo que “un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo”, -aunque después se disculpara-, el lehendakari afirmó rotundo que no ha conocido “otra desautorización de la profesionalidad” de los epidemiólogos “como la que se produjo en Euskadi”. En una situación de pandemia que ha exigido tomar medidas con “inmediatez”, las “dilaciones y las contradicciones entre resoluciones judiciales no han contribuido más que a la confusión de la sociedad”, concluyó.

“Debemos huir de definiciones maximalistas del derecho a decidir y buscar acuerdos desde el respeto a la pluralidad”

“La relación entre los territorios forales y España se basa en pactar la soberanía compartida”

Lehendakari