- Nafarroa contará con un Observatorio Permanente de Derechos Humanos. Una entidad pública que tendrá como objetivo "potenciar los mecanismos para la aplicación de los derechos humanos en las actuaciones del conjunto institucional, político, social y económico de Navarra". Su creación es una de las 92 actuaciones recogidas en el primer Plan Estratégico de Convivencia del Gobierno de la Comunidad Foral. El documento, todavía en fase de borrador, se encuentra en exposición pública abierto a sugerencias y aportaciones antes de su aprobación definitiva y posterior presentación en el Parlamento.

El departamento de Relaciones Ciudadanas encabezado por Ana Ollo avanza así en uno de los objetivos que se había fijado al inicio de la legislatura, y que ha logrado concretar pese al boicot de Navarra Suma, que desde el principio ha rechazado participar alegando que el Gobierno foral quería "imponer un marco de discusión a la medida de sus intereses políticos". La acusación ha sido rechazada por el Ejecutivo, que insiste en que el documento todavía está abierto a aportaciones. En su redacción han participado 67 organizaciones y unas 300 personas, que pese a la pandemia han presentado propuestas mediante mesas sectoriales, encuentros online o entrevistas.

El plan aborda el reto de la convivencia desde seis ejes: la aplicación de los Derechos Humanos; convivir en la diversidad; los derechos de las víctimas del terrorismo y la violencia política; la construcción de la memoria crítica e inclusiva; la educación para la convivencia; y las instituciones referentes para la convivencia. Cada uno de ellos cuenta con un objetivo general, unos objetivos específicos y unas acciones concretas. "Los seis ejes constituyen auténticos retos y de su resolución positiva dependerá de una forma importante la futura configuración de nuestra convivencia", apunta el texto.

Además, apuesta por "prestar especial importancia" a la aplicación de los derechos humanos en relación con las víctimas del terrorismo y de la violencia política; las personas migrantes y refugiadas; las personas afectadas por la desigualdad económica estructural; las mujeres que sufren discriminación y/o violencia; las personas con discapacidad; o la población reclusa. Para ello, considera necesario que la política, las instituciones y el conjunto social "faciliten un pacto entre diferentes". "Este acuerdo social y político no es tan solo un pacto de no agresión, sino de construcción positiva que debería otorgar un marco estable de respeto y consideración basado en la igualdad de derechos y obligaciones", subraya el texto, que aboga por "promover procesos de transición hacia nuevos modelos de convivencia basados en el reconocimiento mutuo de la diversidad y la pluralidad", pero desde "una memoria crítica e inclusiva".