Lakua no respalda la cadena perpetua ni para “los más sangrientos asesinos de ETA”

Pese a ello, Artolazabal -que ayer tomó parte en la inauguración del Itinerario de la Memoria de Elgoibar- se basó en una de las principales guías del modelo penitenciario vasco para criticar la aplicación de la cadena perpetua, ni siquiera “para los más sangrientos asesinos de ETA como Henri Parot, ni para quienes han cometido otros execrables crímenes”.

“Las líneas maestras de este ámbito serán “la resocialización y la justicia restaurativa”, manifestó.

El Gobierno de Gasteiz, que a partir del 1 de octubre se hará cargo de las prisiones en suelo vasco, refuerza la idea de que su gestión penitenciaria no implicará un beneficio ni un perjuicio para los presos de ETA, una minoría entre la población reclusa en las tres cárceles de Euskadi -Martutene (Gipuzkoa), Zaballa (Araba) y Basauri (Bizkaia)-.

El Gobierno Vasco extenderá sus políticas de reinserción, pero tendrá que hacerlo conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria y no tiene competencia para legislar sobre la denominada cadena perpetua encubierta (y, en el caso de Parot, no cumple pena en Euskadi).

El espíritu de su gestión, eso sí, será la reinserción, sin beneficios extra ni castigos añadidos para los reos de ETA. La CAV se hará con la gestión de las citadas instalaciones, y el Código Penal seguirá correspondiendo al Gobierno español.

Artolazabal hizo sus reflexiones tras una semana “muy complicada”, en referencia a la polvareda mediática generada por el acto convocado por la red ciudadana Sare en Arrasate en favor de Parot y su posterior sustitución por concentraciones en numerosos municipios vascos. El Gobierno Vasco firmó el traspaso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras 42 años de vigencia del Estatuto de Gernika. Esta competencia está recogida en los artículos 10.14 y 12.1 del texto estatutario, en el que se incluye que Lakua gestione “la organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias” y la ejecución de la legislación penitenciaria.

La derecha española especula con el supuesto trato de favor que recibirán los presos de ETA en las prisiones vascas. Parot se encuentra privado de libertad en Mansilla de las Mulas, en León.

Ya desde marzo numerosos portavoces de Lakua han venido repitiendo por activa y por pasiva que la gestion se basará en un modelo penitenciario propio que profundiza en las resoluciones de 2019 del Parlamento Vasco.

Orientado a la reinserción de los reclusos y la justicia restaurativa, los presos deberán cumplir con los pasos establecidos en un itinerario personalizado, con autocrítica y justicia restaurativa. Esta es una condición “prioritaria”, calificó la consejera Artolazabal hace algunos meses.

De hecho, ya destacó entonces que ningún preso de ETA “obtendrá un trato diferenciado” porque “sería una ilegalidad”, tanto favorecer como discriminar.

El Gobierno Vasco se prepara para asumir la competencia que se le encomendará a partir del 1 de octubre.

El 1 de enero, por su parte, llegará una segunda fase: la reinserción laboral de los reclusos. En ambas cuestiones, el Gobierno Vasco quiere marcar un perfil propio. Y en ello son dos puntales básicos la viceconsejera de Justicia Ana Agirre y Jaime Tapia, nombrado para asesorar en la materia.

Procedente de la Audiencia de Araba, Tapia apunta a la reinserción como clave, tanto para presos comunes como para los ligados a la actividad terrorista, que en algunos casos tienen a sus espaldas condenas de larga duración. Por su parte, Artolazabal ha tenido que salir al paso de las críticas para aclarar que ningún preso obtendrá “un trato diferenciado”.

Desde Gasteiz han matizado además que los traslados y los indultos siguen siendo potestad del Gobierno español. Y serán los jueces de vigilancia penitenciaria quienes tendrán la última palabra sobre las decisiones que afecten a los reclusos.

“Quiero hablar alto y muy claro: Henri Parot no fue nunca un gudari; Henri Parot es un asesino”

Consejera del Gobierno Vasco