La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado suspender la marcha de Arrasate que este próximo sábado homenajeará al preso de ETA Henri Parot al no ver "acreditada la humillación a las víctimas". El juez José Luis Calama entiende que la manifestación "está concebida como un acto organizado con fines estrictamente políticos" donde no existen en este momento datos para determinar si podría darse un delito de enaltecimiento del terrorismo. El titular del juzgado central de instrucción número 4 sigue así el criterio de la Fiscalía, si bien ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedan al seguimiento y control del evento y adopten las medidas necesarias para evitar que en el curso del mismo se realicen episodios de ese cariz o justificación de delitos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, así como actos de desprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o sus familiares. La Asociación Dignidad y Justicia y la Fundación Villacisneros habían pedido la suspensión por considerar que sus organizadores justifican "sus asesinatos" y "entienden que no debe seguir en prisión y cumplir su condena".

El principal argumento, tanto del magistrado como de la Fiscalía, es que no existen por el momento elementos que permitan determinar si los hechos podrían llegar a constituir hipotéticamente ningún delito, y el derecho penal solo puede perseguir y castigar delitos que ya se han producido. "Es decir, no puede actuarse el derecho penal con carácter preventivo pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos", señala el juez. Calama precisa que es "a la autoridad gubernativa a quien corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación", y que sus decisiones pueden ser recurridas ante la Justicia.

Para tomar la decisión, el juez ha tenido en cuenta el informe de la Fiscalía, en el que explica que el enunciado de la marcha es "genérico y sin alusión concreta y objetiva y, menos aun vejatoria, a ninguna de las víctimas" de Parot y que "su finalidad, según refieren, es la consecución de la paz, la concordia y la reconciliación". El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ya adelantó que la Ertzaintza adoptará "las medidas necesarias" para evitar "enfrentamientos, choques violentos y alteraciones del orden público".

El acto consiste en una marcha solidaria de 31 kilómetros, "en recuerdo de los 31 años" que Parot "lleva encarcelado". A sus 63 años de edad, cumple condena debido a decenas de atentados con 39 víctimas mortales. Formó parte del comando itinerante Argala y fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos. De origen francés, fue uno de los principales objetivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su historial incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales, cometió una decena de atentados en Madrid, y entre ellos los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989.

Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, anunció el pasado 26 de marzo su acercamiento a la cárcel de León.