- El Consejo de Europa dio ayer luz verde a una resolución que reclama al Estado español que abandone “los procedimiento de extradición” contra los políticos catalanes residentes en el extranjero con cuentas pendientes con la Justicia española, como es el caso de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí o Marta Rovira. En este texto, el órgano europeo insta también a España a que ponga en libertad a los nueve condenados por el procés y reforme los delitos de sedición y de rebelión.

Así, se aprobó por 70 votos a favor y 28 en contra la resolución presentada por el letón Boriss Cilevics en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que respalda que se reformen los delitos de sedición y rebelión para evitar penas “desproporcionadas” si no ha habido violencia, y en la que también se apuesta por el indulto conforme a las “competencias” del Gobierno español. Esta Asamblea, un órgano consultivo dentro del Consejo y cuyas resoluciones no son vinculantes, da así un nuevo varapalo continental a las posiciones del Estado español, que ya ha sufrido numerosos reveses en las instituciones y en la Justicia de la UE.

En el texto presentado por Cilevics y aprobado en votación se anima a las autoridades españolas a que consideren “indultar o de lo contrario liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las multitudinarias manifestaciones masivas relacionadas con este”. Asimismo, la resolución plantea a la Justicia española que “considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos”.

El texto es resultado del informe ¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?, elaborado por Cilevics y centrado en España y Catalunya, así como en Turquía y su persecución del partido kurdo HDP. El propio representante letón defendió ayer en la Asamblea su propuesta e insistió en que las condenas contra los procesados por el 1-O fueron “desproporcionadas”.

Asimismo, expresó sus “dudas” respecto a la interpretación amplia que hizo el Tribunal Supremo del delito de sedición, puesto que no hubo un “elemento de violencia” por parte de los condenados. “No digo que la organización de un referéndum no pueda en absoluto ser objeto de sanciones”, añadió Cilevics, que cree sin embargo que las sanciones deberían haber sido más laxas.