- La Fiscalía de Barcelona solicita una pena de inhabilitación de un año y ocho meses para el expresident de la Generalitat Quim Torra por un presunto delito de desobediencia por negarse a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O, pese al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En el escrito de acusación, el fiscal pide también imponer una multa de 100 euros diarios a Torra durante diez meses -30.000 euros en total- y recuerda que el entonces president manifestó “su clara voluntad de no atender ninguna orden que se le pudiera dar al respecto” tras los requerimientos judiciales.

Esta es la segunda causa judicial contra Torra por mantener en la fachada del Palau en periodo electoral una pancarta con un mensaje de apoyo a los presos soberanistas, Libertad presos políticos y exiliados, escrito en catalán e inglés y con un lazo amarillo, después de ser condenado a un año y medio de inhabilitación en la primera.

Esta segunda causa deriva de una pieza separada a raíz de las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano en un recurso contencioso administrativo, en virtud del cual el TSJC dictaminó el 19 de septiembre de 2019 que Torra debía retirar esta simbología independentista del Palau de la Generalitat en el plazo de 48 horas.

El expresident, sin embargo, no atendió este requerimiento judicial en el plazo indicado, de manera que el alto Tribunal catalán emitió el 23 de septiembre una nueva resolución con una “orden clara y ejecutiva”, que Torra tampoco cumplió. Finalmente, a primera hora de la tarde del 27 de ese mes funcionarios de los Mossos d’Esquadra procedieron a retirar del Palau de la Generalitat la pancarta, a instancias de una providencia dictada por el TSJC.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público esgrime el “patente incumplimiento desafiante” y “contumaz” del acusado a las resoluciones judiciales que “contenían las órdenes claras para las que había sido personalmente requerido”. El fiscal sostiene además que, pese a la “claridad” del requerimiento judicial, el expresident comunicó el 20 de septiembre en una nota de prensa, “de manera ostentosa y desafiante”, su intención de “no atender ninguna orden que se le pudiera dar al respecto”.

Para el Ministerio Público, con el incumplimiento de las dos resoluciones del TSJC -la del 19 y la del 23 de septiembre- el expresident mantuvo una actitud “claramente renuente y obstruccionista”. Constata, asimismo, que el recurso de reposición presentado por Torra el 25 de septiembre solicitando la suspensión de la medida cautelar acordada -la retirada de la pancarta con el lazo amarillo- tenía como “única finalidad intentar dilatar, si no directamente desatender, el inmediato cumplimiento de aquello para lo que se le había requerido”.

Para el fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de desobediencia, por el que pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de diez meses a razón de 100 euros diarios, es decir, unos 30.000 euros en total, así como hacer frente a las costas procesales.