- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere lo que denominó “un gran diálogo nacional” para analizar con comunidades, ayuntamientos, empresas, sindicatos, universidades y sociedad civil los retos de España en el horizonte de 2050 y actuar en consecuencia.
Sánchez trasladó esta propuesta de diálogo en la presentación del informe 2050, que ha sido elaborado de forma altruista por un centenar de expertos de diversos ámbitos y que fija prioridades y objetivos para ese horizonte temporal. El documento, repleto de propuestas, considera factible llegar al pleno empleo para 2050 con una apuesta por la economía 100% renovable y duplicando la recaudación de los impuestos verdes.
El informe presenta un escenario económico a tres décadas mejor al actual. No solo porque habrá menos desempleo, sino también porque se trabajará menos -se habla de una jornada laboral de 35 horas semanales en lugar de las 37,7 actuales- se reducirá la economía sumergida, se acortará la brecha de PIB respecto a los países europeos más ricos, al tiempo que se incrementará la productividad, habrá empresas de mayor tamaño y menores desigualdades.
Por el contrario, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida tendrá una incidencia sobre la edad de la jubilación, que podría retrasarse más allá de la edad legal de los 67 años.
El documento también vaticina que España se verá obligada a cerrar centros educativos como consecuencia de la pérdida de 800.000 alumnos de aquí a 2050, pero ello también abre la puerta a poder duplicar el gasto por alumno en infantil, primaria y ESO y pasar de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 en el plazo de 30 años.
El descenso de natalidad llevará aparejada también la necesidad de abrir la puerta a la inmigración. La estrategia proyecta un saldo migratorio de unas 191.000 personas al año de aquí a 2050, ligeramente superior al promedio observado entre 1990 y 2019. Lógicamente, el objetivo es que este flujo se haga de manera ordenada y dentro de la legalidad.
La apuesta por la economía verde tiene su reflejo en el plan, que contempla imponer impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino, e incluso prohibir aquellos que se pueden realizar en menos de dos horas y media en tren, o imponer un impuesto que grave el uso que se le dé al coche.
En relación con este asunto, hay propuestas que van más allá de lo que ha planteado hasta ahora el Gobierno en fiscalidad.
El informe aboga por equiparar los tipos impositivos de gasolina y diésel, y pide que España acabe con un retraso histórico en fiscalidad verde (el país recauda mucho menos que la media de los países europeos). Por eso se propone que España alcance la media europea en 2030. Esto supondría pasar del 1,8% sobre el PIB al 2,6% a finales de esta década. Para 2050 esta recaudación verde debería llegar al 5%. El objetivo es “asegurar que se completa la descarbonización y se impulsa de forma decidida la economía circular y la protección medioambiental” por medio de las figuras impositivas.
Paralelamente, se ponen sobre la mesa medidas compensatorias, como el establecimiento de una “renta climática” para “devolver a la población parte de la recaudación procedente de los impuestos verdes”.
“El plan pone al servicio de la sociedad todo su conocimiento para ayudar a ampliar los horizontes”
Presidente del Gobierno
