- El as en la manga que ha puesto sobre la mesa el presidente español para no prorrogar el estado de alarma y remitir a las comunidades al Tribunal Supremo se ha leído desde el ámbito político como una dejación de responsabilidades. Pero el propio tribunal que está llamado a resolver los recursos de casación que le presenten las comunidades autónomas ha recibido esta encomienda con sorpresa y con incomodidad. El presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, César Tolosa, avisó ayer en una entrevista con la agencia Efe de que "los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos".
El Gobierno español había presentado el real decreto para permitir un recurso de casación exprés al Tribunal Supremo como una solución para las comunidades que vean tumbadas sus medidas en los tribunales superiores de justicia, y lo presentó como algo dialogado con la propia institución judicial. Pero parece que no ha sido así y, además, este tribunal es de mayoría conservadora. Tolosa, que ya se había manifestado en anteriores ocasiones a favor de reformar la legislación sanitaria porque no es clara, lamentó ayer el "déficit importante" que existe. Avisó de que, cuando caiga el estado de alarma, se abre "un panorama desde el punto de vista legislativo sumamente complejo". Dijo que los gobiernos tendrán que justificar bien sus medidas y que lo deseable hubiera sido contar con una legislación clara para dar una "respuesta unívoca".
"Sigo pensando que hemos contado con tiempo más que suficiente como para habernos dotado de una legislación sanitaria de emergencia para que, dentro del respeto de los derechos fundamentales de la Constitución, no hiciera falta acudir a un instrumento tan excepcional como el estado de alarma, que está pensado para una duración temporal que no se prolongue excesivamente, pero que ahora se nos antoja como falta de instrumentos jurídicos", defiende. No habrá una rebelión, y ayer se produjo una reunión del tribunal para asegurar el cumplimiento de los plazos y coordinarse con los superiores de justicia. Aun así, Tolosa alerta del riesgo de "burocratización" y perder tiempo.
El real decreto de Sánchez se ha recibido como un intento de pasar la pelota a la justicia porque su Gobierno no ha activado una percha alternativa que permita mantener las restricciones contra el coronavirus. También hay dudas de que este tribunal pueda unificar la doctrina, cuando tendrá que decidir si las medidas son proporcionales en función de la fuerza del virus en cada territorio. El Gobierno español había hablado de cinco días para resolver, pero ayer se publicó el decreto y, si se suman el plazo de alegaciones y otros trámites, son casi dos semanas. Sí se admite la opción de trabajar en días inhábiles. Ofrece que la Abogacía del Estado recurra si afecta a acuerdos dentro del Consejo Interterritorial.
La vicelehendakari segunda y líder del PSE, Idoia Mendia, sí vio margen para restringir derechos con tutela judicial en la Cope. Por la tarde, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, descartaba como plan alternativo decretar un estado de alarma parcial en una comunidad determinada si los tribunales tumban sus medidas. Cree que es "suficiente" con el decreto y que muchas comunidades están relajando medidas porque el virus remite.
Levanta el cierre. El Gobierno de Nafarroa abrirá las fronteras de la comunidad desde el domingo tras el fin del estado de alarma, aunque se propone mantener el toque de queda desde las 23.00 hasta las 6.00 horas. Quiere también limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, y ampliar a las 22.00 horas las terrazas. Confía en que la justicia lo avale. La Rioja, Aragón y Cantabria abrirán fronteras. La CAV podría ser la única en no hacerlo.
"Sin estado de alarma, con tutela judicial se pueden restringir derechos"
Vicelehendakari segunda
