- El culebrón del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece no acabar nunca, y no pasa semana sin que lo relativo a su funcionamiento y a su renovación pendiente se convierta en arma arrojadiza en el terreno político. Mientras el PSOE acusó a principios de semana al PP de seguir bloqueando los cambios en el órgano, ayer fue Pablo Casado quien contraatacó y atizó a Pedro Sánchez por anteponer “intereses partidistas” en este asunto. “Me ha engañado tres veces”, llegó a asegurar Casado en referencia a la actitud del presidente del Gobierno durante una negociación cuyo fin no termina de vislumbrarse.

Mientras tanto, el enfado en el CGPJ es público y notorio y, más allá del bloqueo en la renovación que se prolonga desde hace más de dos años, los magistrados que componen el Poder Judicial decidieron ayer que debatirán antes de final de mes si recurren al Tribunal Constitucional el recorte de sus atribuciones en funciones que aprobó el Congreso el pasado marzo. También estudiarán próximamente si llevan a Europa estos cambios que no han sentado nada bien en el órgano regulador de la Justicia española.

Volviendo a la pugna política, Pablo Casado fue muy duro ayer con el Ejecutivo español y acusó a Pedro Sánchez de mentirle en diversas ocasiones en el transcurso de las conversaciones que han mantenido para intentar cerrar un acuerdo que renueve al fin una institución muy desprestigiada, entre otras cosas, por los nombramientos constantes que ha seguido realizando su presidente Carlos Lesmes a pesar de estar en funciones. Según Casado, la actitud de Sánchez refleja “un punto de no encuentro con la Constitución y con Europa”. Así las cosas, se antoja difícil un pacto a corto plazo entre las dos formaciones que están llamadas a entenderse para reformar la Justicia en el Estado español.

El presidente del PP enumeró las tres ocasiones en las que a su juicio el líder del PSOE le ha “engañado”: la primera, “filtrando el nombre” del presidente del órgano -en alusión a Manuel Marchena en noviembre de 2018-; la segunda, “ocultando que estaba negociando el señor Iglesias”; y la tercera, “intentado meter a un juez por el turno de juristas y a una política en activo como si fuera vocal jurista”, en alusión a José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. “Yo quiero despolitización absoluta. No quiero políticos en el CGPJ, y lo que quiero es que los jueces elijan a sus compañeros”, enfatizó Pablo Casado, para añadir que, si Sánchez acepta que haya “independencia judicial” y que “los jueces elijan a los jueces”, se podría renovar el Poder Judicial sin más dilación.

Casado aludió a continuación a los “antecedentes” de politización de la Justicia que a su entender tiene el Gobierno de coalición, como situar a la exministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía, renovar el Consejo de Estado “a dedo” o no contar con la oposición para la reforma de otros órganos menores. “Es más”, añadió, “ha metido a Pablo Iglesias en el CNI”. En su opinión, son pasos por los que la Unión Europea “se está quejando” al Estado español.

Ante la petición de Europa de que el 50% de los vocales del Consejo sean elegidos mediante votación directa por parte de los jueces, Casado afirmó que la UE “pide aún menos de lo que exige la Constitución” y añadió que el PP lo que defiende es cumplir lo que estableció la Carta Magna en 1978: “Simplemente tenemos que cumplir con la Constitución, que pide que doce vocales sean elegidos directamente por los jueces”.

Más allá, el jefe de la oposición reveló que, durante las negociaciones entre PSOE y PP, se llegaron a pactar varios puntos, relativos a la imparcialidad de la Fiscalía, mayorías reforzadas para acabar con la división entre el bloque progresista o conservador, impedir que entren jueces por el turno de juristas y la no inclusión de políticos en el CGPJ. A pesar de estos consensos, ninguno de los intentos para culminar el acuerdo ha sido efectivo a lo largo de estos dos últimos años.

Por su parte, el CGPJ no tomó en su cónclave de ayer ninguna medida concreta contra la reforma legal que ha recortado sus competencias mientras esté en funciones, pero, si lo piden cinco vocales, estudiará la posibilidad de presentar un conflicto de atribuciones con el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Tendrá que ser en cualquier caso antes del próximo día 30, fecha en la que concluye el plazo para recurrir ante el TC.

Asimismo, sobre la posibilidad de denunciar el recorte de competencias ante la Comisión Europea, los magistrados acordaron encomendar a la vocal Nuria Díaz Abad elaborar una propuesta al respecto, que se llevará primero a la Comisión Permanente del órgano y después al pleno.

Pulso al Gobierno. Un sector de la magistratura reclamó ayer al Consejo General del Poder Judicial que eche otro pulso al Ejecutivo español y reactive los nombramientos que paralizó antes de que entrara en vigor la reforma del Congreso que impide que el órgano cubra plazas vacantes mientras esté en funciones. Según la asociación de jueces Francisco de Vitoria, el CGPJ “tiene toda la legitimidad para continuar y completar” los nombramientos de altos cargos judiciales que inició antes de que entrara en vigor la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos. Esta asociación añade que “este país no se merece que tribunales muy importantes que resuelven cosas muy necesarias permanezcan durante meses o años sin poder avanzar porque dos políticos no se ponen de acuerdo para repartirse un órgano clave de la Justicia en nuestro país como es el Consejo General del Poder Judicial”.

“No quiero políticos en el Poder Judicial, y lo que quiero es que los magistrados elijan a sus propios compañeros”

“Tenemos que cumplir la Constitución, que pide que doce vocales sean votados por los jueces”

Presidente del PP