- El independentismo presentó ayer un recurso contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar la tramitación de su proposición de ley para amnistiar a todos los procesados y condenados por la consulta del 9-N de 2014 y el procés que tuvo su punto culmen con el referéndum del 1-O de 2017. Aunque el órgano de gobierno de la Cámara, apoyándose en el informe de los letrados, inadmitió la iniciativa por inconstitucional, los representantes de ERC, Junts, PDeCAT y la CUP esgrimen que impedir el debate de su ley supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Además, entienden que se hace una “discriminación ideológica de los diputados”, y replican los argumentos de los letrados que desaconsejaron la tramitación bajo el pretexto de que un indulto generalizado “entraría en una contradicción palmaria y evidente” con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución.
La ley, que los soberanistas manejaban antes del 14-F, busca amnistiar “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado”, desde el 1 de enero de 2013, pero la Mesa del Congreso rechazó la iniciativa, aunque no por unanimidad, ya que los tres miembros de Unidas Podemos apoyaron su tramitación. El recurso de reconsideración busca que se rectifique ese veto y obligará a pronunciarse a los demás grupos parlamentarios en una próxima reunión de la Junta de Portavoces. PNV, Bildu y Compromís, socios también del Gobierno de coalición, anunciaron su respaldo a la proposición de ley.
En concreto, en su escrito las fuerzas independentistas comienzan contradiciendo el criterio de los servicios jurídicos del Congreso distinguiendo entre amnistía, una potestad que otorgan las Cortes Generales, e indulto, que depende del Gobierno y solo puede ser individual. A continuación destacan que no solo no se ha planteado “nunca” que la Ley de Amnistía de 1988 pudiera ser contraria a los principios constitucionales, sino que, además, el propio Tribunal Supremo ha puesto de relieve que trata de un texto normativo “plenamente vigente”. Los firmantes evocan cómo la Mesa de la Cámara baja avaló esta tesis del Supremo “en dos ocasiones” permitiendo debates sobre la Ley de Amnistía a petición del BNG e IU.
Por otro lado, el Tribunal Supremo dictó un auto en el que declara la pérdida de su competencia para continuar con la causa contra Laura Borràs al perder su condición de miembro del Congreso, por lo que era aforada ante el alto tribunal. Así, la Sala remite al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el caso de la actual presidenta del Parlament por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
“Hay que distinguir entre amnistía, potestad de las Cortes, e indulto, que depende del Gobierno”
Recurso ante la Mesa del Congreso
