- Las instituciones vascas se afanan en blindarse contra la pandemia del covid-19 y trabajan en disponer de herramientas propias políticas y jurídicas para combatir la emergencia sanitaria y no depender de otros organismos o administraciones. En ese esfuerzo se enmarca el proyecto de ley antipandemia que registraron ayer el PNV y el PSE en el Parlamento Vasco y que, según defendieron, aportará “plenas garantías jurídicas” a las restricciones que pueda imponer el Ejecutivo autonómico.
En este sentido, jeltzales y socialistas ponen la vista en el escenario posterior al 9 de mayo, fecha en la que en principio decae el estado de alarma y el paraguas legal que brinda a las comunidades autónomas. En caso de que dicha medida extraordinaria no se prorrogue en el Congreso de los Diputados, la CAV quiere estar preparada para poder tomar las decisiones y restricciones que considere adecuadas para hacer frente al covid-19 a partir del verano. Por ello, esta proposición de ley de medidas para la gestión de la pandemia se debatirá en la Cámara de Gasteiz por la vía de urgencia, con lo que los tiempos para sacarla adelante se reducen a la mitad.
Para acortar todavía más los plazos, PNV y PSE han optado por impulsar la ley a través de una iniciativa de sus grupos parlamentarios en lugar de hacerlo desde el propio Gobierno Vasco. Además, la aprobación del proyecto está asegurada en sede parlamentaria con la mayoría absoluta que suman las dos formaciones que sustentan al Ejecutivo de Iñigo Urkullu.
En cualquier caso, jeltzales y socialistas buscan que la oposición se una también a la futura norma antipandemia, con el objetivo de trasladar una imagen de unidad y cohesión de todos los grupos parlamentarios de la CAV. “En la lucha contra este virus debemos estar todos”, señalaron ayer los representantes Luis Javier Telleria (PNV) y Ekain Rico (PSE) tras presentar la propuesta de ley. Haya o no haya acuerdo con otras formaciones, el objetivo es que la nueva norma pueda estar aprobada antes de que termine el actual periodo de sesiones el próximo 24 de junio.
El proyecto de ley está preparado expresamente para la pandemia del covid-19; es decir, no será una norma aplicable a cualquier epidemia o emergencia sanitaria, sino que “responde a necesidades imperiosas y urgentes derivadas de esta pandemia en particular”. Según explicaron los grupos impulsores de la iniciativa, hace falta “una ley concreta para una situación concreta” debido a las particularidades que tiene cada epidemia.
Respecto al contenido de la futura norma, el proyecto incluye un régimen sancionador para “garantizar el cumplimiento de las medidas” con multas entre 100 y 600.000 euros, y prevé cinco niveles de alerta en función de la transmisión del virus, así como otros indicadores relativos a la presión hospitalaria o la ocupación de las UCI.
Así, las restricciones y medidas sanitarias se establecerán en función de los niveles de alerta y el Gobierno Vasco deberá informar al Parlamento cada dos semanas sobre la evolución de la pandemia y las decisiones adoptadas en el Ejecutivo.
La presentación del proyecto de ley suscitó el enfado de PP+C’s, que tacha de “fraude” la iniciativa y denuncia que pretende “saltarse todos los procedimientos” legales y atenta contra derechos fundamentales. Por ello, la coalición de derechas amenaza con llevar la futura norma al Tribunal Constitucional.
“Acabará en el Constitucional”, vaticinó el parlamentario Luis Gordillo, que cree que el mecanismo elegido para tramitar el proyecto de ley “se salta los mecanismos parlamentarios y la seguridad del procedimiento que establecen la Constitución y el Estatuto”. En esa misma línea, aseguró que la norma “va a afectar a los derechos fundamentales” de los ciudadanos vascos.
Según la transmisión. El proyecto de ley registrado ayer en el Parlamento prevé cinco niveles de alerta en función de la transmisión del virus. El más bajo está fijado en 60 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en catorce días. En el momento en que se baje de esa cifra las restricciones dejarían de estar en vigor. El segundo escenario va hasta los 150 casos, el tercero hasta los 300, el cuarto hasta los 500 y el quinto es a partir de los 500 casos; es decir, para situaciones de “transmisión muy alta”.
Control del Parlamento. La futura ley vasca señala también que el Ejecutivo deberá informar al Parlamento autonómico cada quince días de esas medidas sanitarias y de la evolución del coronavirus. En la actualidad la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, comparece semanalmente a petición de PNV y PSE.
“Es hora del trabajo en común y la puerta del Gobierno Vasco está abierta para seguir trabajando unidos”
“Nos gustaría tener más recursos y más herramientas para combatir la pandemia”
Lehendakari
