La familia de 'Naparra' urge cambiar la Ley de Secretos Oficiales para "aflorar la verdad"

El Gobierno vasco y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha entregado este miércoles, Día internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los Derechos Humanos, un informe a la familia de 'Naparra' sobre su desaparición, con el fin de otorgarle "reconocimiento social, político e institucional" por el "injusto daño sufrido", aunque "llega tarde", según ha afirmado la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, Monika Hernando, en rueda de prensa en Donostia.

El Estado niega el reconocimiento como víctima

En este sentido, ha recordado que la pasada semana falleció Marta Bergareche, madre de Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur', desaparecido en cuatro años antes el 23 de julio de 1976, mientras que la de Etxeberria falleció en 2018. El Estado ha negado a la familia de 'Naparra' el reconocimiento de éste como víctima del terrorismo.

Hernando ha estado acompañada del hermano de 'Naparra', Eneko Etxeberria Alvarez, así como del director del informe y responsable de la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, Jon Mirena Landa, y de una de las redactoras del trabajo, Bertha Gaztelumendi. Según ha explicado, éste es el tercer informe de la línea de monográficos y casos sobre violaciones graves de Derechos Humanos en Euskadi y se enmarca en el convenio de colaboración que mantienen el Ejecutivo Vasco y la citada Cátedra desde la creación de ésta en 2016.

"El derecho a la verdad implica que tanto las víctimas, como sus familiares, obtengan respuestas para saber qué ocurrió con sus seres queridos y que se pongan todos los medios necesarios para que se pueda hacer justicia", ha subrayado, para añadir que este informe "pretende contribuir a ese derecho a la verdad poniendo de manifiesto la injusticia del caso, lo que le ocurrió a José Miguel Etxeberria, fue y es todavía hoy injusto y no debe volver a ocurrir".

Piden información

A ello ha añadido que también pretende ser "una llamada de atención para que cualquier persona que pudiera tener algún dato, algún indicio, lo haga llegar al Gobierno vasco, aunque sea de manera anónima, con el fin de aliviar principalmente el sufrimiento de la familia". Para ello está la dirección de correo electrónico 'desagertuak.euskadi.eus'.

Asimismo, ha subrayado que con este trabajo se busca también "contribuir a la construcción de una memoria crítica y compartida de lo que ha ocurrido en este país", para lo cual será depositado en el Instituto Gogora. Hernando ha sostenido que la desaparición de 'Naparra' sigue siendo "un delito actual y continuado", no son "hechos del pasado".

Por su parte, Mirena ha dado cuenta del análisis jurídico recogido en este informe, subrayando que la investigación de este caso, ha sido "claramente deficitaria". "Hay una investigación superficial, tardía, con dilaciones indebidas, no exhaustiva y, sobre todo, no proactiva", ha incidido, para pedir que "se hagan los deberes, se haga la investigación de manera diligente y eficaz".

Por su parte, Eneko Etxeberria ha agradecido a la UPV/EHU y al Ejecutivo vasco el trabajo realizado y ha destacado la "falta de voluntad política para sacar a la luz todos los casos" como el de su hermano y "todas las vulneraciones de derechos que ha habido". Así ha urgido cambiar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para "poder aflorar toda esa verdad que sigue oculta de todo lo que ha acontecido en este país con el objetivo de seguir adelante y tener una convivencia plena entre nosotros mirando al futuro pero sin olvidar el pasado".

EL CASO

'Naparra' desapareció el 11 de junio de 1980, sin que se tuviese constancia de las circunstancias que rodearon su desaparición. Etxeberria salió de su domicilio para supuestamente acudir a una cita en Ziburu-Ciburu (Francia). En ese momento tenía 22 años de edad y era miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA).

Gaztelumendi ha explicado que el 27 de junio de 1980 la agencia EFE informó de que la desaparición de 'Naparra' había sido un ajuste de cuentas entre los integrantes de los CCAA, porque "junto a otro compañero habría viajado a Bruselas a comprar armamento pero se habría quedado con el dinero", una "hipótesis que prendió de manera singular en la instrucción francesa aunque es débil y de poca autoridad" que dejó de lado una segunda hipótesis, "mucho más factible", que apuntaba al Batallón Vasco Español (BVE), organización parapolicial de extrema derecha, que realizó hasta cinco anuncios asumiendo la autoría de este crimen e indicando varias y engañosas localizaciones del enterramiento del cuerpo.

A ello ha añadido que la investigación policial "fue muy deficiente en Francia" y se archivó la causa pero, tras "un parón de diecisiete años" en 1999 la familia de 'Naparra' logró interponer querella en la Audiencia Nacional, que "tampoco sirvió para hacer grandes avances en las investigaciones porque las diligencias propuestas por la acusación particular eran normalmente denegadas o desestimadas con abstractos argumentos del juez". "La investigación en vez de avanzar parecía que se estancaba o se entorpecía", ha lamentado.

En este contexto, ha citado "dos hitos" del procedimiento "interesantes", el primero relativo a la toma de declaración de dos periodistas de Cambio 16 José Díaz Herrera y Rafael Cid, que firmaron una serie de artículos relacionados "con la guerra sucia", en los que "ponían en conexión al Batallón Vasco Español con la policía y los servicios secretos españoles".

"A raíz de eso la acusación particular que ejercía el abogado Iñigo Iruin solicitó unas testificales, las de José Antonio Sáenz de Santamaría, Juan Antonio González Pacheco 'Billy el niño', Manuel Ballesteros y José Luis Fernández Dopico quienes en el momento de la desaparición de 'Naparra' tienen la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en niveles altos", ha relatado, para subrayar que fue "desestimada esta diligencia".

También se ha referido a la imputación de Gilbert Perret, miembro del Batallón Vasco Español, que también había sido implicado en la desaparición de 'Naparra' en varias publicaciones en prensa. El juez también desestimó esta diligencia y decidió el archivo de la causa en 2004.

Caso abierto

En 2016 se reabre el caso tras conocerse nuevas informaciones que sitúan a 'Naparra' enterrado en las proximidades de Mont de Marsan (Francia) de la mano de un exmiembro del CSIC Ramón Francisco Arnau de la Nuez que lo revela a un periodista, información con la cual el forense Paco Etxeberria realiza un informe sobre dos zonas "posibles enterramientos o dónde podría haber restos" del desaparecido.

En 2017 las autoridades francesas realizan las excavaciones en una de las dos zonas apuntadas en el informe "sin que se obtuviera ningún resultado" y, a partir de ese momento, "la lucha de la familia para que la causa siga abierta es impresionante" y pide que se busque también en la otra ubicación recogida en el informe de Etxeberria. En mayo de 2018 la AN requiera a las autoridades judiciales francesas esa nueva búsqueda, sin que "se haya hecho nada en ese sentido a día de hoy, incomprensiblemente". "Es un caso abierto", ha incidido.