El PNV pide derogar la vía que frena las reformas estatutarias

Esa herramienta permite recurrir una reforma estatutaria tras su aprobación en el Congreso de los Diputados y paraliza toda su tramitación posterior, de manera que no se puede someter a referéndum entre los ciudadanos ni entrar en vigor mientras los jueces no decidan sobre el fondo del asunto. Este recurso ya fue derogado por el socialista Felipe González en 1985 precisamente porque creía que la derecha de Alianza Popular abusaba del mecanismo y lo utilizaba como triquiñuela política para paralizar la entrada en vigor de las leyes que no compartía. Por aquel entonces, el recurso previo se aplicaba a más leyes, no solo estatutos. Ahora es un control específico solo para los estatutos y que, por lo tanto, tiene un punto de agravio comparativo o discriminación con aquellas otras normas que se pueden aprobar sin este obstáculo, como los presupuestos o las leyes estatales. Hay dos grupos políticos en el Congreso, PP y Vox, que superan los 50 escaños necesarios para utilizar este mecanismo y ya han anunciado que lo harán contra el nuevo estatus vasco.

Este recurso previo lo recuperaron PSOE y PP para los estatutos tras lo sucedido con el catalán: ya existía la opción de recurrir a posteriori un Estatuto, como cualquier ley, pero hacerlo con carácter previo al referéndum permite evitarse el problema político de tumbar un Estatuto votado en referéndum y con amplio apoyo social. El PNV cree que este control previo permite a los responsables políticos “hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo”.

Cuando ni siquiera se ha aprobado aún el nuevo estatus y debe negociarse en el Parlamento Vasco, el líder del PP, Pablo Casado, ya ha amenazado con un recurso previo para “no admitir ninguna reforma estatutaria en el País Vasco o Cataluña que intente desbordar el orden constitucional”. El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha adelantado que utilizará esta vía para detener el “Estatuto de la traición”.

El PNV también plantea eliminar las sanciones que incorporó el PP en 2015 para aquellos cargos que incumplan las sentencias del Constitucional, unas sanciones que van desde los 3.000 a los 30.000 euros e, incluso, la suspensión de ese cargo. El PNV propone sanciones menores, “multas coercitivas de 600 a 3.000 euros”, lo que ya en el pasado permitió que el PSOE aceptase la tramitación de la propuesta, aunque después entró en un bucle de enmiendas y retrasos.

La próxima semana se va a votar la toma en consideración de esta propuesta del PNV en una legislatura con un Gobierno español de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El recurso previo contra los estatutos se puede formalizar en un plazo de tres días tras la publicación del articulado en el Boletín Oficial del Estado, deja en suspensión todo el proceso, y el Tribunal Constitucional tiene seis meses para decidir dar luz verde al texto o recortarlo.