La izquierda abertzale se ha enfrentado en menos de un año a tres situaciones comprometedoras con cargos en el ámbito municipal que han desplegado conductas contrarias a su código ético o, como sucedió en uno de los casos, han vulnerado las restricciones contra el coronavirus. Más allá del fondo de los hechos, lo sucedido ha expuesto a EH Bildu al escrutinio público por su forma de proceder ante esos casos, y la coalición se ha enfrentado a críticas desde diferentes sectores que han visto falta de transparencia o demora en el momento de esclarecer los acontecimientos. La presión ha alcanzado su punto álgido con el caso de Miren Larrion por la proyección política de la exportavoz en Gasteiz, llamada a desempeñar un mayor protagonismo dentro de la coalición y valorada incluso por sus adversarios. Los acontecimientos del último año y las críticas que está recibiendo debilitan a EH Bildu en su empeño de presentarse como referente en materia de transparencia, y sirven a otros partidos para exigirle la misma contundencia y rapidez que predica para el resto.

Las primeras críticas arreciaron en junio del año pasado y se centraron en Sortu, la socia mayoritaria de la coalición. Grupos feministas, miembros de Danba Gazte Asanblada y extrabajadores del bar Arrano de Zarautz acusaron a la izquierda abertzale de silenciar una agresión sexual protagonizada por un exconcejal de la localidad. La polémica salió a la luz en junio de 2020, aunque los hechos se remontaban a diciembre del año anterior. La izquierda aber-tzale justificó esta llamativa brecha temporal en su deseo de respetar la intimidad de la víctima, y se sumó a la denuncia pública una vez revelada ante los medios de comunicación por estos colectivos.

Pero la polémica va más allá y se cuestionó la diligencia o la sensibilidad de la izquierda abertzale al tramitar el proceso interno, hasta el punto de que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tuvo que salir al paso para considerar "doloroso e inaceptable" que se insinuara una voluntad de ocultar los hechos.

El hombre, de unos 40 años, fue acusado de realizar tocamientos a la camarera, una joven de 19 años. La asamblea del establecimiento decidió que Sortu gestionara la denuncia, y se nombró a un intermediario para recoger los testimonios. Pero la llegada del coronavirus dio al traste con este proceso por el confinamiento, y todo quedó paralizado en marzo de 2020. A partir de ahí comenzó el enredo para esclarecer quién tenía la culpa de que el proceso hubiera quedado congelado, en la medida en que la víctima habría mostrado su preferencia por retomar el proceso una vez culminara la cuarentena, pero creyendo que la situación no se iba a alargar tanto como finalmente lo hizo. Los colectivos mencionados acusaron a Sortu y a la Asamblea del Arrano de no ofrecer una respuesta responsable y hacer prevalecer sus intereses partidistas por delante del bienestar de la víctima. Los aludidos aseguraron que el proceso interno seguía en marcha, y que habían decidido apartar al presunto agresor de los espacios de la izquierda abertzale.

Ya en febrero de este año, EH Bildu se enfrentaba nuevamente a las críticas, esta vez del PNV, por su forma de gestionar el cese del concejal en Anoeta Jokin Tolosaconcejal en Anoeta Jokin Tolosa, amonestado por participar en una fiesta nocturna en un garaje, saltándose el toque de queda, en un grupo que superaba las cuatro personas permitidas, e incumpliendo el cierre perimetral de los municipios. La coalición lo presentó como una decisión fulminante y una demostración de tolerancia cero contra los que incumplen las restricciones en materia sanitaria, pero el PNV vio gato encerrado porque la propia coalición reconocía en su comunicado que el concejal había incumplido las medidas "en reiteradas ocasiones". La última vez, además, se remontaba cinco días antes de materializar la expulsión. El PNV se preguntó "dónde están la celeridad y la contundencia que exigen a los demás, cuando ellos mismos reconocen que el incumplimiento ha sucedido en repetidas ocasiones, siendo el último suceso hace cinco días".

La mayor crisis política a la que se ha enfrentado la coalición abertzale en este terreno ha llegado con la defenestración de Miren Larrion por haber utilizado el DNI de una compañera de partido para abrir una cuenta bancaria. EH Bildu ha trazado un cordón sanitario con la pretensión de reducir el impacto de lo sucedido a una cuestión del ámbito personal que no afectaría en absoluto al partido. De ahí que la coalición haya tenido un perfil muy bajo en este asunto y no haya aportado claridad sobre lo sucedido, hasta el punto de que cualquier detalle sobre este misterio ha sido aportado por la propia Larrion repitiendo hasta la saciedad que este es un asunto "personal" que solo le afecta a ella misma.

También han aportado algo de luz las filtraciones de los medios de comunicación, sin que se llegue a obtener aún la fotografía completa de las motivaciones de Larrion. EH Bildu se ha centrado en criticar esas filtraciones, mostrarse molesta por ellas, y señalar al Departamento de Seguridad como artífice de las fugas de información, lo que deja ver su incomodidad con que trasciendan los hechos.

La coalición ha dejado en manos de Larrion la rendición de cuentas por lo sucedido. Ha sido la exportavoz en Gasteiz quien ha dado las escasas explicaciones que han aflorado oficialmente. "Las circunstancias personales que me llevaron a abrir una cuenta donde poder guardar un dinero personal son totalmente personales, y las explicaré en el proceso judicial", llegó a recalcar Larrion. "He abierto una cuenta corriente con la tarjeta de una compañera, para ingresar algún dinero si lo viera necesario, en un momento de apuro", añadía.

En ese contexto, el presidente del PP de Araba, Iñaki Oyarzábal, aseguraba este viernes que, si la compañera de partido de Larrion trató de retirar la denuncia al tener conocimiento de que el DNI obraba en poder de la exportavoz de la coalición en Gasteiz, "el caso Larrion es ya el caso Bildu". Acusó a la coalición abertzale de haber tratado de "tapar" lo sucedido.

Desde el PNV, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, pedía a EH Bildu que "rompa su silencio" porque este asunto "excede del ámbito personal". "Afecta, al menos que nosotros sepamos, a dos personas relevantes de EH Bildu en Gasteiz y Araba, y creo que este caso excede el ámbito personal. Este no es un caso personal, es un caso de partido", defendía.

La izquierda abertzale puede refugiarse en que, en realidad, ninguno de estos casos tiene que ver con conductas desempeñadas en el ejercicio del cargo o abusos relacionados con el cargo institucional, sino que son conductas de la esfera privada. Pero nunca antes había sufrido EH Bildu un marcaje semejante a nivel político por su forma de gestionar comportamientos poco ejemplares, ya sea porque la acusan de haber tratado de silenciar lo ocurrido, de haber ofrecido una respuesta lenta o de no desentrañar en público lo que ha ocurrido.

Dejando al margen el contratiempo que le supone el episodio concreto de Gasteiz, con la pérdida de uno de sus principales referentes y portavoces con mayor proyección, la coalición se expone a sufrir un desgaste por su forma de dar respuesta a estas situaciones y sus limitadas o nulas explicaciones sobre lo acontecido. En la última campaña de las elecciones autonómicas de julio, Maddalen Iriarte esgrimía el "modelo EH Bildu" y su gestión al frente de más de 120 ayuntamientos sin "ni un solo caso de corrupción", y con una práctica política basada en la "honestidad" y la transparencia.